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A lo largo del mes de abril la comisión nombrada por Mohammed VI para preparar una reforma de la Constitución ha ido avanzando algunas de sus propuestas. Como era previsible, el alcance de los cambios planteados se limita a algunas reformas superficiales que no alteran en lo fundamental la organización del Estado marroquí. Los poderes extraordinarios del rey se reducirían en algunos aspectos (por ejemplo, perdería su capacidad de elegir al primer ministro), pero las palancas básicas del poder político seguirían en sus manos. Así, en la propuestas de la comisión se mantiene la condición de ministerio “de soberanía” a Defensa y Asuntos Exteriores (los ministerios de soberanía son aquellos cuyos titulares son elegidos por el rey y sólo responden ante él), se conserva el carácter sagrado de la figura del rey, y se mantiene su capacidad de nombrar y cesar a altos mandos militares y responsables de los servicios de inteligencia, y de declarar el estado de excepción.
La comisión, presidida por Abdellatif Menouni, un antiguo profesor del rey, ha contrastado su propuesta con partidos y sindicatos, que, de momento, parecen dispuestos a contentarse con estos mínimos cambios. Incluso las direcciones de las dos grandes fuerzas de la izquierda marroquí, la Unión Socialista de Fuerzas Populares y el Partido del Progreso y el Socialismo han dado la espalda a la opinión de sus bases y apoyan estas supuestas reformas. Sólo algún pequeño partido, como el Partido Socialista Unificado, y el recién nacido Movimiento 20 de Febrero (el movimiento juvenil que desde febrero de este año ha convocado regularmente manifestaciones por la democracia) han manifestado su desacuerdo con estas propuestas.

 

Las protestas continúan

 

Mientras tanto, en las calles de Marruecos las movilizaciones y protestas continúan e incrementan la presión sobre el gobierno y la monarquía, que se sienten cada día más deslegitimados y crecientemente amenazados por el aumento del descontento popular. No hay que olvidar que en las últimas elecciones parlamentarias sólo participaron el 37% de los potenciales votantes, en una clara demostración de la desconfianza del pueblo marroquí hacia las instituciones del Estado.
Ante este aumento de la intensidad de las protestas, el gobierno marroquí está respondiendo con la ampliación de las concesiones realizadas en las últimas semanas. A las medidas decretadas en febrero y marzo (ver núms. 247 y 248 de El Militante) se han unido nuevas propuestas de reforma legal, como una Ley Anticorrupción que, supuestamente, evitaría el robo sistemático de recursos públicos por parte de los gobernantes y los altos funcionarios, o un nuevo Código de Prensa que aligeraría la férrea censura a la que están sometidos los medios de comunicación. Como colofón, el 14 de abril el rey ha amnistiado a 148 presos políticos y ha reducido la condena a otros 42, en un intento de enmascarar la naturaleza represiva de su régimen.
Asimismo, se ha iniciado un proceso de negociación con los sindicatos, que ha encallado nada más empezar. Las demandas sindicales de actualización de sueldos y pensiones, así como de establecimiento de un plan de ayudas para la escolarización de alumnos con pocos recursos se valoran en 3.900 millones de euros, que es una cantidad que la burguesía marroquí, en estos momentos, no está dispuesta a ceder.
En estas condiciones, la respuesta que desde el Movimiento 20 de Febrero se está dando ante la posición claudicante de las direcciones de la USFP y el PPS no parece suficiente. La alternativa de convocar elecciones a una Asamblea Constituyente que se encargaría de elaborar una nueva constitución en modo alguno asegura que los cambios profundos que el pueblo marroquí está demandando llegarían finalmente a hacerse realidad, y no se limitan a modificaciones del ordenamiento jurídico que, por “radicales” que parezcan, dejen finalmente intacta la miserable y opresiva realidad cotidiana de las masas marroquíes.

Crisis y demandas sociales

Por eso, debemos comprender, en primer lugar, hasta que punto la situación actual del capitalismo marroquí es compatible con el tipo de reformas y medidas a las que aspira la inmensa mayoría del pueblo marroquí. ¿Es posible que, cuando en Estados Unidos y Europa Occidental se ven amenazadas conquistas sociales que parecían irreversibles, en Marruecos se avance en la conquista de nuevos derechos sociales sin alterar las bases del sistema capitalista? ¿Es creíble que en medio de la mayor crisis mundial del capitalismo desde 1929 Marruecos pueda erigirse en una isla de prosperidad y bienestar mientras que en el resto del mundo capitalista la burguesía lanza una ofensiva sin precedentes contra la clase trabajadora y la juventud? ¿Es posible que las demandas democráticas y las reivindicaciones de tipo económico y social capaces de mejorar las condiciones de vida de la población de Marruecos puedan conquistarse sin necesidad de que las propias masas tomen en sus manos las riendas de sus vidas mediante la expropiación de los capitalistas y la creación de sus propios órganos de poder, que coordinándose den lugar a la institución de un parlamento revolucionario?
Repasar el desarrollo del capitalismo marroquí, y los lazos indisolubles que lo unen al gran capital internacional, nos ayudará a comprender mejor por qué sólo un programa orientado a la transformación socialista de la sociedad puede guiar al pueblo marroquí a la victoria definitiva contra sus opresores.

 

El desarrollo del capitalismo tras la independencia

 

La declaración de la independencia en 1956 no supuso un cambio fundamental para la inmensa mayoría de la población marroquí. La dependencia de la economía de Marruecos respecto a las potencias occidentales no desapareció con la independencia política, sino que simplemente cambió de forma.
Desde las primeras intervenciones del colonialismo portugués en el siglo XV hasta la intervención francesa, iniciada en las primeras décadas del siglo XIX y consolidada con la declaración formal del Protectorado franco-español en 1912, Marruecos fue objeto de la ambición de las potencias europeas, tanto por sus recursos naturales, especialmente los mineros, como por su posición geográfica, que le daba un singular valor estratégico para el control de la navegación entre el Atlántico y el Mediterráneo.
Los rasgos fundamentales de la economía marroquí se gestaron durante la dominación francesa y se conservan hasta hoy sin cambios que afecten a la estructura básica de la propiedad y de la distribución de la riqueza.
La primera consecuencia de la dominación colonial francesa fue un cambio fundamental en la propiedad de la tierra. Francia desplazó a Marruecos un altísimo número de colonos (en 1950 eran más de medio millón), que se apropiaron de las mejores tierras de cultivo. Más de un millón de hectáreas (de los 6,5 millones que se consideraban a principios del S. XX como susceptibles de uso agrícola) pasaron a manos francesas por diferentes vías. Las antiguas tierras comunales, junto con una parte de las tierras administradas por fundaciones religiosas, fueron ocupadas a la fuerza, y, bajo la presión de la administración colonial, miles de pequeños campesinos fueron obligados a vender sus mejores tierras de regadío. Para valorar convenientemente lo que significó para Marruecos la ocupación colonial francesa hay que recordar que la esclavitud fue legal hasta 1925.
Al mismo tiempo, los franceses iniciaron la explotación sistemática de los recursos mineros de Marruecos, fundamentalmente los fosfatos, pero también el cobre, el hierro, y otros minerales. Para facilitar esta explotación, Francia tuvo que construir puertos, carreteras, redes telefónicas, ferrocarriles, etc. La creación de esta infraestructura fue una oportunidad de oro para que la burguesía gala se hiciera con el control total de la economía marroquí. Los bancos franceses concedieron ingentes créditos al sultán, y las empresas francesas se apropiaron de ramas enteras de la producción. El profundo entrelazamiento entre los intereses de la burguesía francesa y los intereses de la monarquía y la élite tradicional marroquí hunde sus raíces en ese período.
La independencia trajo consigo cambios en la cúpula del Estado, pero muy poco cambió en la vida cotidiana de las masas. Las propiedades agrarias de los colonos franceses fueron repartidas entre los grandes terratenientes marroquíes, vinculados a la corte de Mohammed V, que mantuvieron el mismo tipo de explotación brutal del campesinado que los antiguos colonizadores. La miseria y el atraso del campo marroquí se profundizaron aún más, y obligaron a millones de marroquíes a emprender el camino de la emigración para sobrevivir.
Tampoco hubo cambios significativos en el resto de los sectores económicos. En un primer momento, el nuevo Estado marroquí procedió a nacionalizar los recursos mineros, algunos servicios básicos, como los ferrocarriles y la telefonía, e incluso algunas ramas industriales, como la química y el textil, que recibieron fuertes inversiones públicas. Pero en la medida que Marruecos no rompió con el capitalismo, el peso de la deuda histórica con la banca francesa, unido al nuevo endeudamiento con otros países europeos y, muy especialmente, con su nuevo aliado económico y militar, Estados Unidos, condujo a Marruecos a una grave crisis, que desembocó en 1983 en un plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional que obligó a privatizar el sector público y a liberalizar las importaciones. Gracias a estas privatizaciones, el capital imperialista volvió a retomar el pleno control directo de la economía marroquí. Eso sí, en esta ocasión el monarca marroquí hizo valer sus intereses y consiguió participaciones importante en el accionariado de las grandes empresas de Marruecos. A día de hoy, Mohammed VI es, además de monarca casi absoluto y jefe religioso, el principal empresario del país, a través del grupo empresarial SNI-ONA (Société Nationale d’Investissement - Omnium Nord-Africain).

 

La monarquía y el capitalismo

 

El grupo SNI-ONA, que ha cambiado varias veces de nombre y que se oculta tras una intrincada red de sociedades interpuestas y participaciones accionariales cruzadas, tiene su origen en la sociedad formada en 1919 por el banco francés Paribas (actualmente BNP Paribas, uno de los mayores ban

cos del mundo) para administrar sus inversiones en Marruecos. Junto a Mohammed VI, en el capital de ONA participan actualmente empresas como la aseguradora AXA, la cementera Lafargue, la alimentaria Gervais Danone o el banco suizo UBS. Es tal la dimensión del grupo SNI-ONA que, junto con sus filiales, representa más del 50% de la capitalización total de la Bolsa de Casablanca.
Las inversiones de SNI-ONA se extienden por todos los sectores de la economía marroquí, desde la agricultura y la minería hasta la banca, pasando por las minas, la energía o el negocio turístico-inmobiliario. Su posición de práctico monopolio permite que sus inmensos beneficios crezcan a ritmos desconocidos en el resto del mundo. Como muestra, los beneficios de SNI se incrementaron en 2009 en nada menos que un 300%.
La función de SNI-ONA es actuar como canalizador de las inversiones extranjeras en Marruecos. Cada año, aproximadamente 3.200 millones de euros llegan al país en forma de inversión directa, es decir inversión destinada a la compra de activos fijos, a lo que habría que sumar las inversiones financieras, dirigidas fundamentalmente a la Bolsa de Casablanca, y la inversión inmobiliaria de carácter especulativo. Prácticamente todas las empresas multinacionales que operan en el país lo hacen a través de acuerdos o alianzas con este grupo. Su papel es puramente parasitario, y formaliza la alianza entre la élite tradicional marroquí que, a través de la represión sobre el movimiento obrero mantiene unas condiciones salvajes de explotación, y el gran capital financiero internacional y los gobiernos imperialistas, que aprovechan esas circunstancias políticas para hacer sus buenos negocios. Una vez más, la teoría de la revolución permanente, con su visión del desarrollo desigual y combinado del capitalismo, se verifica en la práctica.

 

Por la expropiación de los monopolios

 

El resultado de este férreo control de la economía, que vincula inseparablemente la propiedad latifundista más tradicional con los intereses de las multinacionales capitalistas más punteras y con lo más sofisticado de las finanzas mundiales, es la condena del pueblo marroquí a la perpetuación del atraso y la miseria. Para solucionar el problema de la pobreza y el desempleo sería necesario un crecimiento económico anual algo superior al 10%. Pero, a pesar de las inmensas riquezas de Marruecos, el yugo del capitalismo hace que su economía apenas haya conseguido sobrepasar el 5% de crecimiento medio anual en el período que se extiende entre 2003 y 2010. El atraso de la agricultura, que pese a ocupar al 43% de la fuerza laboral de Marruecos sólo aporta el 14% de su PIB, pesa como una losa sobre el conjunto de la economía. Tampoco el tipo de industrialización —orientado a la exportación— o la profusión de empresas ocupadas en la prestación de servicios externalizados por grandes empresas extranjeras (call-center y similares) —a pesar de toda su innovación tecnológica (la revista The Economist clasificó en 2009 a Marruecos como la economía más competitiva de África)— han ayudado a superar la pobreza.
Y sumado a todo esto, otra grave amenaza se cierne sobre los trabajadores marroquíes. La inminente puesta en marcha de la zona de libre comercio euro-mediterránea acelerará todavía más las inversiones extranjeras orientadas a sacar provecho de los míseros salarios marroquíes, que en algunos sectores llegan a ser hasta diez veces menores que los salarios medios europeos, e invadirá el país con productos importados que hundirán aún más su agricultura y su pequeña industria y comercio.
De modo que, cuando el pueblo marroquí, siguiendo el ejemplo de otros pueblos árabes, liquide finalmente la monarquía corrupta de Mohammed VI, se encontrará con que el control de una parte fundamental de la economía de Marruecos estará al alcance de sus manos. En ese momento, será fundamental que un sector decisivo de los trabajadores y la juventud defienda la necesidad de que, 55 años después de la conquista de su independencia política, la riqueza de Marruecos se ponga al fin al servicio del bienestar de su pueblo, a través de la nacionalización bajo control obrero de las grandes empresas, la banca, la tierra y los recursos naturales. Bajo un sistema de economía planificada, el campo marroquí podrá encontrar los recursos necesarios para salir de su atraso secular y para ofrecer a los campesinos una vida digna.
Hoy más que nunca, el movimiento revolucionario de los pueblos árabes necesita un programa socialista e internacionalista, que le permita concentrar toda su energía contra el auténtico enemigo de los trabajadores de todo el mundo: el sistema capitalista.

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