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Los medios de comunicación burgueses tienen prisa por enterrar el proceso revolucionario en Egipto (y en Túnez). Sin embargo, la revolución continúa, los problemas fundamentales de las masas siguen sin solucionarse, y estas han dado poderosas muestras de no contentarse con cambios cosméticos.
El primer gobierno provisional impuesto por los militares, encabezado por Ahmed Shafik (designado por Mubarak), y trufado de personajes del PND (el aparato político de la dictadura), no podía tener ninguna autoridad para parar la lucha de las masas y finalmente cayó. El 5 de marzo la cúpula militar designó un nuevo gobierno, dirigido esta vez por Esam Sharaf, y compuesto por miembros del PND que abandonaron el barco de Mubarak, ya naufragado, convenientemente a tiempo. Sharaf fue ministro de Transportes con Mubarak, de 2004 a 2005, y diferencias con él le llevaron a abandonar el gobierno. Esta aparente ruptura con el dictador y su participación desde el primer momento en la insurrección, evidentemente le da un margen. Pretende utilizar su autoridad para imponer una vuelta al orden, una transición ordenada a un régimen formalmente democrático, pero donde las riendas continúen en manos de una delgada capa social formada por altos burócratas estatales, imperialistas, y los mismos burgueses que se lucraron con la dictadura de Mubarak.

 

Juramento en la plaza Tahrir

 

El mismo día en que fue nombrado, Esam Sharaf acudió a la plaza Tahrir, como todos los viernes repleta de manifestantes (la prensa calcula un millón de ellos). Allí les aseguró: “Mi legitimidad viene de ustedes”; y organizó un acto de juramento.
La intención de Sharaf es engañar a las masas; les dice “tenéis el poder” mientras toma medidas para mantener celosamente el poder en manos de militares y capitalistas propios y foráneos. Sin embargo, el hecho de que trate de legitimarse de esa manera demuestra la fuerza que todavía tiene el proceso revolucionario.
Mientras Sharaf era designado primer ministro, la oleada de manifestaciones y asaltos a comisarías se extendía por el país, exigiendo la disolución de Seguridad del Estado, la policía política de Mubarak, e intentando impedir la quema de documentos comprometedores. También exigen la liberación de todos los presos políticos y el fin de los juicios militares a civiles. El sábado 6 de marzo, la sede central de ese cuerpo policial, en El Cairo, fue tomada por miles de manifestantes, a pesar de los esfuerzos del Ejército. También se ocuparon las oficinas de Alejandría (21 policías fueron heridos), Guizé o el barrio cairota de Seis de Octubre (aquí los agentes llegaron a disparar). El nuevo primer ministro ha prometido reestructurar la policía política, negándose a su disolución.

 

La reforma constitucional...

 

La Constitución de Mubarak ha sido reformada por una comisión elegida por la cúpula militar. Las reformas son muy limitadas y apenas afectan a las elecciones presidenciales (duración del mandato, posibilidad de presentación de independientes, etc). Con estas mínimas reformas y promesas de elecciones parlamentarias y presidenciales a lo largo de este año, la clase dominante pretende centrar la atención en cuestiones menores como el desarrollo de leyes electorales o cambios en la estructura del Estado, mientras orilla la satisfacción de las graves necesidades sociales y de las aspiraciones democráticas profundas de las masas.
Lo más destacable del referéndum no es la ratificación de las reformas por parte de tres cuartas partes de los votantes. Lo más destacable es la escasísima participación, de un 41%, algo absolutamente sorprendente en las primeras elecciones supuestamente libres tras la caída de una dictadura. El 60% del censo electoral ha boicoteado el referéndum, a pesar de la intensa campaña estatal a favor del sí, a pesar del intento de identificar las reformas con la revolución, y a pesar del apoyo de la Hermandad Musulmana al texto En total, el 73% de los llamados a la consulta ha votado no o se ha abstenido. Aun así, sectores de la Coalición de la Juventud Revolucionaria —que pidió el voto negativo— han expresado sus sospechas de manipulación. El voto no se concentró en las dos grandes aglomeraciones urbanas, El Cairo y Alejandría, reflejando el peso de la clase obrera en él. En definitiva, este resultado expresa una magra base social para dar por finiquitada la revolución.

 

...y la ley antihuelgas

 

Mientras hablan de referéndums, elecciones y democracia, el gobierno de Shafik muestra su verdadera cara. El 23 de marzo, con menos de dos semanas de vida, aprobó un borrador de ley que implica una amenaza directa al movimiento obrero y a la revolución. Se trata de una ley antihuelgas, que en la práctica prohíbe todo tipo de paros y de sindicalismo, e impone multas y hasta penas de cárcel, a través de juicios militares, a aquel que convoque huelgas. La excusa es la grave afectación que tienen éstas sobre la economía, especialmente las que implican al sector turístico. Este ataque está creando una nueva oleada de protestas laborales; para el 27 de marzo había convocadas manifestaciones en la plaza Tahrir y las principales calles y plazas egipcias. Alí Fotuh, conductor del sector público, dice: “Nosotros realmente teníamos esperanza en que el nuevo gobierno nos apoyaría y miraría por nuestras reivindicaciones (...). No entiendo cómo dicen que las protestas afectan al tráfico o a los negocios. ¿Por qué no aceptan nuestras demandas y así no tenemos que ir a la huelga? Este tono me recuerda los viejos tiempos de Mubarak (...). Esto ya no es válido después de la revolución del 25 de Enero”. Alí reflexiona: “Egipto es ahora un país libre, ninguna ley nos reprimirá. Esta ley debe ser rechazada, no en el Parlamento, sino en la plaza Tahrir. Ellos deben entender que allí es donde nosotros tenemos nuestra legitimidad”.
En el otro lado de la barricada, el banco de inversiones Beltone Financial reflexiona: “estamos de acuerdo en que es una necesidad para el trabajo volver a la normalidad, para que la economía egipcia empiece un proceso de reconversión, pero también pensamos que la decisión del gobierno de criminalizar las protestas y huelgas podría provocar un descontento mayor y más movilizaciones”. El miedo a la revolución se palpa entre los analistas burgueses.
El régimen militar también intenta explotar a su favor, y en contra de la revolución, las diferencias religiosas. Algo que ya intentó Mubarak. Éste organizó el salvaje asesinato de 24 cristianos coptos, en la ceremonia del Año Nuevo de este año. El nuevo-viejo régimen no prescinde de los pogromos contra coptos y de intentar enfrentar a los musulmanes con la minoría cristiana. El 5 de marzo una iglesia copta fue quemada en el marginal barrio cairota de Mokatam; las manifestaciones de protesta acabaron, el día 9, con diez muertos. Estos ataques, junto a otros contra manifestantes por los derechos de la mujer trabajadora, estimulados por la policía y los grupos integristas, deben ser contestados por el movimiento obrero y revolucionario con la oposición tajante a toda división en líneas religiosas o de género y la organización de la autodefensa en barrios populares y manifestaciones.
El futuro de la revolución pasa por que el movimiento revolucionario defienda una política de independencia de clase. La consecución de reivindicaciones democráticas, sociales y económicas sólo serán efectivas con la lucha de masas, y especialmente la lucha obrera. Es decisivo la formación y extensión de comités obreros que, a la vez que unifiquen las huelgas y diferentes luchas parciales que se están produciendo, se doten de un programa para llevar la revolución hasta el final, exigiendo desde la retirada de la ley antihuelgas y del resto de leyes represivas (empezando por la Ley de Emergencia), derechos democráticos plenos (incluyendo la separación del Islam del Estado, reivindicación defendida por un sector amplio del movimiento), la disolución de Seguridad del Estado, el encausamiento de Mubarak y el resto de la camarilla detentadora del poder, un aumento generalizado y drástico de salarios, la depuración de los cargos corruptos y vinculados a la dictadura en todas las empresas y sectores, etc. hasta la expropiación de las palancas fundamentales de la economía bajo control de los trabajadores para poder hacer frente a las necesidades del pueblo egipcio.

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