QUIÉNES SOMOS

El 3 de marzo de 1996 se cerraba un ciclo político iniciado casi catorce años atrás con el triunfo histórico del PSOE. Después de dos años de crisis política prolongada, con el gobierno socialista sometido a un desgaste fortísimo, y acosado en múltiples frentes, parecía que por fin la burocracia del PP iba a cosechar un triunfo sonado.
Sin embargo, los resultados electorales supusieron una tremenda sorpresa para la burguesía, sus medios de comunicación y para la dirección del PP, volviendo a subrayar, las enormes reservas de apoyo del Partido Socialista y el odio de las masas a la derecha.

Durante dos años, Aznar y su gente hicieron todo lo posible por provocar elecciones anticipadas. Esta táctica les llevó a una campaña desenfrenada contra la dirección del PSOE, campaña en la que todo era lícito, acusaciones y  maniobras __especialmente en lo referido al terrorismo de Estado__, que contradecían incluso los intereses de clase de la burguesía.
Durante esos dos años, los sectores más perspicaces de la clase dominante comprendían que la victoria del PP por mayoría absoluta era una condición necesaria. Habían sufrido la inestabilidad de la última legislatura y necesitaban un gobierno burgués fuerte que pudiera acometer sin compromisos, ni condiciones, los ataques al movimiento obrero que requeriría la nueva situación.
A pesar de todo, las elecciones del 3 de marzo supusieron un golpe para la burguesía y el PP. Aunque obtuvieron los mejores resultados de su historia, 9.658.519 votos, el 38,85%, el PSOE quedó a poco más de 300.000 votos y obtuvo un 37,48%, 9.318.510 votos. Este hecho, después de catorce años de gobierno socialista y el fuerte desgaste de la última legislatura, muestra a las claras la debilidad del PP.
Izquierda Unida alcanzó 2.629.846 votos, un 10,58%, algo más de 300.000 votos que en las anteriores legislativas, pero bastante por debajo de las expectativas creadas en los meses anteriores.
El cuadro decepcionante para la burguesía, se completó con los resultados electorales de las autonómicas andaluzas que se celebraron simultáneamente. El PSOE volvía  a recuperar la mayoría parlamentaria relativa que perdió en 1994; 1.884.823 votos, el 43%, frente a 1.395.131, el 38%, de 1994. El Partido Popular pasó de 1.238.252, el 34,4% en 1994, a 1.462.918 el 34,1%, y finalmente Izquierda Unida, que había precipitado la convocatoria de elecciones anticipadas por su negativa a votar los presupuestos, recibió un severo correctivo: pasó de 689.815 votos, el 19,7% en 1994 a 601.027 votos, el 14,7%, perdiendo siete diputados de los veinte que tenía.
Los trabajadores agruparon su voto mayoritariamente en torno al PSOE, no por sus ilusiones en el programa de Felipe González, que ha demostrado sobradamente ser un capital seguro para la clase dominante, sino por su rechazo a todo lo que representa el Partido Popular.
En el caso de IU las posibilidades de cosechar un buen resultado electoral que reflejase por la izquierda el desgaste del PSOE se vieron bastante frustradas. En los últimos años de legislatura socialista la oscilación de los dirigentes del PSOE y del propio gobierno hacia la derecha fue aún más acentuada. Eran condiciones muy favorables para el avance de Izquierda Unida tanto en el terreno electoral como en su capacidad para organizar a miles de trabajadores y jóvenes que deseaban una alternativa de izquierdas frente a la política del Gobierno. Pero la dirección de IU no fue capaz de encauzar este descontento como hubiera sido posible. Su insistencia en identificar permanentemente al PSOE con el PP, y en muchos casos situar al Partido Socialista como el enemigo principal a batir  dejando en un plano secundario al PP cuando la derecha aparecía como una alternativa clara de gobierno, chocó con el ambiente que existía entre amplias capas de trabajadores y sus deseos de frenar a Aznar. Por otro lado la actitud de la cúpula socialista y de la dirección federal de IU de negarse a llegar a acuerdos mínimos para retener ayuntamientos y gobiernos autónomos, además de proporcionar al PP un mayor poder, aumentó considerablemente la confusión política entre la población. En el caso de IU la factura más dura la tuvieron que pagar en Andalucía, donde sufrieron un acusado golpe en las elecciones autonómicas.
No obstante el PP, sin mayoría absoluta, no tenía otro remedio que intentar llegar a  acuerdos con CiU y el PNV para formar gobierno y conseguir una mínima estabilidad en la legislatura.
Las primeras contradicciones surgieron mientras se urdía el pacto con los nacionalistas. La clase dominante propinó un tirón de orejas a Aznar y a su camarilla del clan de Valladolid. Los mismos que se habían pasado toda la campaña electoral insultando a Pujol, rescatando del baúl de los recuerdos las enseñas de la unidad de la patria, y rechazando cualquier hipotético acuerdo con la burguesía nacionalista tuvieron que rectificar a velocidad supersónica.
Hubo sus víctimas: el presidente del PP catalán Vidal Quadras fiel a su compromiso y a sus reaccionarias ideas y consciente del precio electoral de un acuerdo de ese tipo, se dedicó al sabotaje hasta que finalmente fue obligado cortésmente a presentar la dimisión. Aznar ya en pleno derrapaje para lograr a cualquier precio el acuerdo, multiplicó sus gestos de humillación hacia Pujol. En cualquier caso la burguesía necesitaba el acuerdo, la banca presionó, la CEOE presionó, el Rey presionó y el acuerdo finalmente se materializó.
La debilidad del PP quedó de manifiesto una vez más. Es sorprendente que desde la caída de la dictadura la burguesía haya sido incapaz de construir una alternativa política unificada en todo el Estado. Al contrario de Gran Bretaña, Francia o Alemania, la derecha sigue fragmentada con numerosos grupos regionalistas y nacionalistas que si bien temporalmente arropan al PP, porque, por encima de todo, les une sus intereses de clase, son una fuente de contradicciones e inestabilidad política permanente.

 

Una política de derechas

 

En todos los frentes, desde la economía a la sanidad, la educación, el desempleo, las libertades democráticas, la cuestión nacional, la cultura, los medios de comunicación, en todos, las agresiones del PP han sido significativas y los retrocesos para el movimiento obrero, en algunos casos muy graves. El gobierno del PP ha realizado una política de agresión continua a los trabajadores, profundizando la senda que el anterior gobierno del PSOE había trazado.
Pero ¿cómo han podido llevar a cabo estas agresiones teniendo una mayoría parlamentaria tan frágil y una contestación tan elevada en las urnas?
Sería imposible entender lo que ha sucedido en estos dos años y lo que puede ocurrir en el próximo período sin analizar la política de las direcciones sindicales y de los partidos obreros.
Nunca un gobierno de derechas, ni de izquierdas, había logrado en apenas veinticuatro meses firmar cuatro acuerdos con los sindicatos. Aunque no es un pacto social global, los efectos son muy parecidos. Esta política de colaboración y pacto se ha realizado con la intención de garantizar la paz social, aunque los conflictos han sido numerosos, especialmente el movimiento de los empleados públicos, y el de los mineros asturianos de Hunosa, que podrían haber acabado en una victoria con una dirección que hubiera optado por extender el conflicto y unificar la lucha hasta obligar el Gobierno a retroceder.
El gobierno del PP comenzó su andadura con medidas orientadas en dos direcciones. Primero, recorte extraordinario del gasto público, para reducir el déficit: en mayo de 1997, más de 200.000 millones. Segundo, para  “animar” la actividad económica, o mejor dicho para aumentar las plusvalías de los capitalistas, rebaja fiscal a la tributación de los grandes capitales: Hacienda ingresó en 1997 600.000 millones de pesetas menos que en 1996 por este concepto. Los presupuestos de 1997 fueron los más restrictivos de los últimos trece años. Congelación salarial para dos millones de empleados públicos, aumento de impuestos al consumo y de las tasas, reducción de los gastos sociales, de la cobertura para desempleo, en sanidad, educación y caída en picado de la inversión pública, además de una política agresiva de privatizaciones. Los presupuestos preveían un crecimiento de la inversión privada del 7%, incremento del 3% del PIB y la reducción del déficit público a los niveles definidos en el acuerdo de Maastricht. Eran unos presupuestos que en líneas generales contemplaban la reducción del gasto público en un billón de pesetas.
En ese contexto, si las direcciones sindicales hubieran tenido como prioridad defender las conquistas del movimiento, sus derechos y recuperar el poder adquisitivo perdido habrían pasado a una ofensiva global. La realidad fue la contraria.
El papel de las direcciones sindicales es un factor objetivo en la situación. En realidad siempre hay margen para que las direcciones sindicales y obreras giren más a la derecha: depende de los obstáculos que encuentren en situaciones concretas, depende del ambiente entre la clase, del período precedente.
Desde 1994, aunque el proceso había comenzado tiempo atrás, la política de acuerdos, pactos y negociación se había convertido en el eje de la acción sindical de los dirigentes de UGT y CCOO. El saldo de esa política, unido a los efectos de la recesión económica, el miedo a perder el puesto de trabajo, las altas tasas de paro, la eventualidad (superior al 30% de la población activa), con sus efectos de atomización entre la clase obrera, permitió a los capitalistas imponer unas condiciones infernales en las fábricas. El aumento de los ritmos de trabajo, la prolongación de la jornada, la reducción de los salarios ha sido el menú cotidiano para millones de trabajadores. En esas condiciones la recuperación de la tasa de beneficios ha sido espectacular. Este ambiente era él más propicio para que los sindicatos, sin un cambio en su orientación, continuaran su pérdida progresiva de afiliación. No hay motivos para que los sectores más desprotegidos de trabajadores se afilien, sobre todo si se considera la política de los dirigentes y el chantaje de los empresarios.
A pesar de todo, en un contexto que no era favorable para el movimiento, vimos el surgimiento con el sector crítico, de la oposición de izquierdas en CCOO más importante de los últimos veinte años. Este proceso de diferenciación no tuvo lugar al calor de grandes luchas __como en Francia o Bélgica__, sino que se inició por la presión de cientos de activistas que veían las consecuencias dramáticas del retroceso en las fábricas y reflejaban el descontento de amplias capas de los trabajadores.

 

Pacto de Toledo y movilizaciones del sector público

 

Desde un primer momento los dirigentes oficialistas de UGT y CCOO se lanzaron a implorar a Aznar un nuevo pacto social. Durante el último año y medio habían tratado de llegar a acuerdos con el gobierno del PSOE pero un pacto general nunca fraguó. En cierto modo todo parecía más complicado en el nuevo escenario político para una estrategia sindical de acuerdos con el PP, considerando la política de éste último. La realidad ha demostrado que aunque no hay imposibles en política, las cúpulas sindicales  se vieron obligadas a hacer auténticas fintas  para lograr sus propósitos.
En los últimos años la vinculación del aparato sindical al Estado se ha hecho muy estrecha. Después del escándalo de PSV, la UGT que zozobró durante dos años, superó más mal que bien su maltrecha situación a costa de la dimisión de Nicolás Redondo y todo su equipo. La nueva dirección con Méndez al frente es el reflejo del estado en que se encuentra el sindicato, políticamente girando más a la derecha y económicamente hipotecada hasta el cuello. Sólo en intereses anuales UGT debe pagar 3.500 millones de pesetas por el crédito del ICO, una forma poco honorable de terminar con el famoso modelo de sindicato de servicios.
La incitativa política durante todo este período ha correspondido a Antonio Gutiérrez y su equipo de nuevos conversos a la religión del mercado. El giro a la derecha de CCOO ha asombrado a todo el mundo; especialmente al PP, que ha descubierto al mejor interlocutor que podría imaginarse en este nuevo hombre de estado que es Antonio Gutiérrez.
La estrategia sindical de los líderes de UGT y CCOO estuvo dirigida, desde el momento en que el PP formó gobierno, a lograr un nuevo pacto social. Instalados en la filosofía de la negociación como fin último del sindicalismo y sobre todo sin ninguna confianza en la capacidad  de movilización y en la fuerza de la clase obrera los dirigentes sindicales han desarrollado la estrategia de firmar cuanto antes la rendición, para evitar, como suelen explicar en las asambleas públicas, “males mayores”. En el mes de mayo de 1996 se abrieron quince mesas sectoriales de negociación, optando por una estrategia que no tuviese los riesgos de un pacto social global, pero sí todas sus “ventajas”.
El Pacto de Toledo firmado en la legislatura anterior por todos los grupos parlamentarios, incluyendo IU que luego rectificó su posición, suponía una devaluación real de las pensiones, que perdían entre un 8% y un 15% de capacidad adquisitiva debido al incremento de los años para establecer la base del cómputo para la jubilación. Este fue el primer marco elegido para llegar al acuerdo. Para allanar el camino se firmó el ASEC, el llamado pacto de arbitraje y conciliación de conflictos colectivos, que introducía recortes y restricciones al derecho de huelga.
La firma de un nuevo acuerdo, en lo referente al sistema público de pensiones pretendía trasladar una imagen de paz y colaboración entre los “agentes sociales” y el gobierno. Sin embargo, el acuerdo recibió una contestación interna muy amplia, especialmente en CCOO donde el sector crítico hizo campaña contra él. Para complicar más la situación, el conflicto de los empleados públicos arrastrado desde verano estalló con toda su crudeza. Los efectos desmovilizadores del Pacto de Toledo duraron muy poco.
Desde el 10 de julio de 1996 los trabajadores del sector público habían demostrado su firme voluntad de luchar contra la congelación salarial, desbordando la Asamblea Estatal de delegados que se celebró en Madrid. En respuesta, los dirigentes sindicales  diseñaron una estrategia que conducía directamente a la derrota. Sus planes tuvieron como fin convencer al movimiento de la idea que habían repetido machaconamente en los últimos dos años: la lucha no sirve de nada. Para lograr tal fin la mesa sindical que dirigió la lucha contra la congelación salarial, en la que estaban presentes los sindicatos amarillos de la administración (CSIF y ANPE) junto a UGT y CCOO, aprobó un calendario de “movilizaciones sostenidas” en el tiempo, consistentes en paros rotatorios de una hora por sector __enseñanza, administración local, sanidad, administración central, etc.__  y por comunidades. Jamás intentaron unificar la lucha de los empleados de la administración con los trabajadores de otras empresas públicas amenazadas también de congelación salarial o sufriendo procesos de privatización como era el caso de Renfe, Telefónica, siderurgia, minería. Su objetivo era dividir al máximo la respuesta, descafeinarla, vaciarla de contenido, aislarla y agotar al movimiento. Sin embargo sus cálculos fallaron de cabo a rabo.
Igual que en otras luchas en Europa, pero sin alcanzar el mismo nivel, los trabajadores de base desbordaron a sus dirigentes y presionaron para que estos fueran más allá. Obligados por las circunstancias, CCOO y UGT fijaron para el 15 de octubre manifestaciones de funcionarios en todas las capitales y ciudades importantes, esperando que la escasa respuesta les permitiese replegar velas. A pesar de la falta de propaganda, asambleas previas para debatir los objetivos  de la lucha y la plataforma reivindicativa, y otros aspectos, las manifestaciones fueron un éxito rotundo con más de 600.000 trabajadores en la calle a lo largo y ancho de todo el país.
El 15 de octubre probó cual era la disposición y el ambiente real de los trabajadores para combatir al PP. Todas las condiciones estaban maduras para una lucha prolongada que acabase en una victoria.
Para animar el ambiente, los mineros de León se pusieron en huelga durante el mes de noviembre contra la firma del protocolo eléctrico que en su punto número quinto garantizaba la liberalización de compra de carbón a las eléctricas y amenazaba miles de empleos. La huelga sobrepasó a los líderes mineros que quedaron suspendidos en el aire. Cortes de carretera en Bembibre y Ponferrada, duros enfrentamientos con la guardia civil, la manifestación más grande de los últimos veinte años en León, todo ello junto a la incapacidad de los secretarios de la Federación Minera de UGT y CCOO de calmar los ánimos __fueron abucheados profusamente en la asamblea de 5.000 mineros celebrada en el polideportivo de Bembibre__ obligó al gobierno y al ministro Piqué a retroceder y eliminar el punto quinto del protocolo. La victoria de los mineros animó sin duda a los trabajadores públicos.
Los dirigentes sindicales que ya en aquel momento estaban negociando secretamente la reforma laboral se vieron obligados a continuar con su plan de “movilizaciones sostenidas”, mucho más después del rechazo del gobierno a modificar los presupuestos generales del Estado. Los trabajadores pasaron de participar en las cuchufletas que organizaron las federaciones sindicales, como las donaciones de sangre, los paros de una hora en el momento del almuerzo y cosas por el estilo. La presión en las asambleas era fortísima.
En el sector de la enseñanza, el 14 de noviembre de 1997, dos millones de estudiantes secundaron la convocatoria de huelga general lanzada por el Sindicato de Estudiantes y se celebraron las manifestaciones más numerosas desde 1991.
Fue la presión desde abajo la que obligó a los dirigentes sindicales a convocar la marcha estatal del 23 de noviembre. ¡Más de un mes después de las manifestaciones del 15 de octubre!. Aunque se había perdido un mes precioso para endurecer la movilización y haber convocado por lo menos una huelga general de todo el sector público, mientras la ley de presupuestos estaba siendo discutida en el parlamento, la respuesta fue imponente.
La marcha estatal del 23 desbordó todas las previsiones: ¡Más de 200.000 trabajadores desfilaron por el centro de Madrid! En Barcelona días después la manifestación convocada por los sindicatos fue seguida por más de 100.000 trabajadores. La fuerza, la disposición a la lucha y la voluntad de vencer al PP eran evidentes. En esas condiciones era imposible para las direcciones oficialistas de los sindicatos retroceder sin dejarse la piel ante los trabajadores.
Las cúpulas de CCOO y UGT no querían el enfrentamiento abierto con el PP. Su adaptación a la lógica del sistema y a los acuerdos de Maastricht les ata de pies y manos.
La convocatoria de huelga general de la administración pública para el 11 de noviembre fue el producto de la presión del movimiento, pero las direcciones la entendían como una maniobra táctica para “aliviar la presión de la olla”. Utilizaron la huelga como una válvula de seguridad, pero no creían en ella. CCOO y UGT aceptaron los servicios mínimos abusivos impuestos por el gobierno, que provocaron en algunos sectores como sanidad, que el día 11 trabajase más gente que un día normal. Pero sobre todo su negativa a unificar la lucha de todo el sector público, con los trabajadores del transporte público (Renfe, Iberia), del metal (CSI), de la minería (Hunosa), restó fuerza a la huelga en un momento clave.
El gobierno se mantuvo firme durante toda la jornada e incluso adoptó una actitud provocadora, despreciando las cifras masivas de huelguistas y manifestantes. En realidad el PP estaba al tanto de la estrategia sindical y, aunque aguantar el chaparrón de un día de huelga podría resultar incómodo, lo superarían, sobre todo si los dirigentes sindicales no tenían ninguna intención de continuar la lucha.
A pesar del boicot de los medios de comunicación, de la manipulación del gobierno, de los servicios mínimos abusivos, la huelga fue un gran éxito. Obviamente la única manera de continuar la lucha y derrotar al PP pasaba por un calendario de movilizaciones que endureciera la presión y se extendiese a otros sectores. Nada de esto sucedió porque el aparato sindical diluyó todo el movimiento.
Después del 11 de diciembre, la mesa sindical convocó una nueva “cumbre” para discutir el calendario de nuevas acciones para finales de ¡enero de 1997! ¡Casi dos meses después de la huelga general y con los presupuestos ya aprobados en el parlamento!. Aprovechando el paréntesis de vacaciones de Navidad, se esperó a un mes más tarde para finalmente concluir la farsa con un nuevo calendario de acciones “sostenidas en el tiempo”, es decir, volviendo al esquema del mes de octubre de huelgas rotativas de una hora por sectores, comunidades autónomas…
La lucha del sector público se perdió, no por falta de respuesta del movimiento obrero, sino por la actuación de las direcciones de los sindicatos. Los dirigentes perdieron mucha de la autoridad que les quedaba, si además consideramos que en 1992 hubo una huelga fracasada por los mismos motivos. En general, y no siempre se puede generalizar, los trabajadores sacaron la conclusión de que el factor fundamental de la derrota fue el papel de los dirigentes sindicales. En un sector donde el sindicalismo corporativo y amarillo tiene fuerte presencia, se perdió una oportunidad de oro para asestarle un buen golpe. De hecho la CSIF se desmarcó de la lucha después del 11 y, en lugar de aprovechar la ocasión para denunciar el papel rompehuelgas de este sindicato, CCOO y UGT utilizaron su salida de la mesa sindical para justificar su renuncia a continuar la lucha.
La derrota de la movilización del sector público tiene sus consecuencias, especialmente en profundizar el desprestigio de las direcciones sindicales, comprometidas por las maniobras que han sido públicas y descaradas. Esto crea un poso de crítica hacia la derecha del sindicato. No obstante es inevitable que entre capas de trabajadores haya cundido el escepticismo y el desánimo, pero esta posición crítica, esta pérdida de confianza en los dirigentes, preludia la actitud que en el futuro mantendrán miles de trabajadores.
Entre tanto las direcciones de UGT y CCOO aprovecharon este escenario para dar un nuevo paso en su colaboración  con el gobierno del PP. La negociación de una nueva reforma laboral, que había sido negada meses antes por el propio Cándido Méndez, entró en su recta final y finalmente se alcanzó el acuerdo.

 

La nueva reforma laboral

 

“Los sindicatos entraron por el aro y empiezan a hablar el mismo lenguaje que la patronal. Tras veinte años negándose a ello, ayer admitieron la necesidad de abaratar el coste del despido improcedente para incrementar la contratación estable…” (Cinco Días, 12/3/1997).
Profundizando en su propia estrategia, las direcciones oficiales de CCOO y UGT culminaban un año de negociaciones secretas a espaldas de los trabajadores y la propia base de los sindicatos. Un acuerdo que a cambio del establecimiento de un nuevo contrato indefinido, mantiene casi toda la gama de contratos temporales, rebaja la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado a 33 días, con un tope máximo de 24 mensualidades y ampliar las causas objetivas de despido modificando el artículo 52-C del Estatuto de los Trabajadores, de tal forma que los despidos puedan ser considerados procedentes si “ayudan a superar” la situación económica negativa de la empresa.
Ésta hace la cuarta reforma laboral desde la transición política y no debemos olvidar que la causa de todos estos ataques continuados son las conquistas que la clase obrera arrancó durante las luchas de los años setenta.
Con la reforma actual, la CEOE buscaba conseguir algo que no había logrado con la de 1994: facilitar el despido procedente. Si en 1993 las sentencias favorables al trabajador habían supuesto el 39,5% del total de los casos resueltos, en 1996 habían aumentado hasta el 40,5% de los casos. En ese mismo período las sentencias favorables a la patronal habían pasado tan solo del 14,8% al 15,6%.
Para la patronal no sólo se trata de rebajar el coste de la indemnización del despido improcedente sino de canalizar el máximo número de despidos por la vía del despido objetivo, con una indemnización mucho menor. Por otro lado la enorme precariedad de la fuerza laboral puede significar un obstáculo para la productividad en ciertas ramas de la economía; el nuevo contrato indefinido, que en la práctica es precario, puede resolver estas deficiencias.
Para la CEOE el objetivo central es seguir reduciendo los costes laborales unitarios, rejuvenecer plantillas aumentando la precariedad y la capacidad para extorsionar la fuerza de trabajo, imponer reducciones y topes salariales debido a la atomización de la clase obrera y obtener suculentos beneficios gracias a las bonificaciones en las cuotas a la seguridad social, que el gobierno ha aprobado para fomentar la conversión de contratos temporales al nuevo contrato “indefinido”.
Al calor de todas estas reformas la burguesía ha logrado imponer unas nuevas relaciones laborales. Ha ganado en capacidad para aumentar los ritmos de trabajo, prolongar la jornada y reducir el salario, es decir, más plusvalía absoluta y relativa. Con la introducción complementaria de las ETTs, el tráfico y prestamismo de fuerza de trabajo también se ha convertido en fuente de lucro. Todas estas medidas han debilitado la capacidad de respuesta colectiva inmediata de los trabajadores. Sin embargo han aumentado el odio, el resentimiento y mañana la fuerza con la que los trabajadores, especialmente los jóvenes, responderán al capital.
La desregulación laboral, la sobrexplotación, la precariedad, se reproduce cotidianamente en todo el mundo, pero no ha evitado las huelgas en Corea del Sur, en Alemania, en Francia, o en EEUU donde el victorioso movimiento de los trabajadores de UPS, es una auténtica fuente de inspiración. ¿Qué razones hay para que en el Estado español las cosas sean diferentes? No podemos determinar el ritmo de los acontecimientos, pero todos estos ataques preparan una respuesta proporcional por parte de la clase obrera.

 

La recuperación de la economía española

 

En poco más de dos años, la burguesía española ha logrado imponer medidas regresivas apoyándose en la inestimable ayuda de los dirigentes obreros. Este hecho no puede pasar desapercibido ya que marca la situación a corto plazo. Con estas coordenadas no podemos extrañarnos de la espectacular recuperación de la tasa de beneficios, pero la cuestión sigue siendo la misma: en plena recuperación económica las ventajas para la clase obrera siguen siendo mediocres y los retrocesos importantes. El ciclo económico de crecimiento ha entrado en su quinto año, pero los desequilibrios y debilidades del capitalismo español se mantienen. El gobierno ha logrado éxitos parciales __contención de la inflación, reducción del déficit público, reducción del déficit comercial__ y está emborrachado de propaganda. Ni el crecimiento económico, ni el crecimiento del consumo privado, ni el de la inversión son para tirar cohetes si los comparamos con los de la recuperación de los años 80. Por el contrario, los datos de crecimiento del paro y de la precariedad sí son para estar preocupados.
La recuperación es producto de la explotación más brutal de la clase obrera. En estas condiciones incluso un cambio en la coyuntura económica, y eso es inevitable, puede provocar cambios bruscos en la situación política. Es necesario correr el telón de la propaganda e interpretar las cifras de la economía sin perder de vista la situación del movimiento obrero en el Estado español e internacionalmente y los procesos del capitalismo mundial. Si nos limitamos a una visión coyuntural, a corto plazo, rindiéndonos ante los hechos consumados seremos víctimas de desagradables sorpresas.
Mirando de cerca la evolución de las cifras, no todo marcha bien en el capitalismo español (ver cuadro).
Las cifras son bastante claras. La tasa media de crecimiento del PIB tomando el período de 1994-1997, es poco más de la mitad que la de 1986-1990; si lo comparamos con otros períodos, entre 1961 y 1973 la tasa de variación anual del crecimiento del PIB en el Estado español fue del 7,2% para caer entre 1975-85 a un raquítico 1,4%.
En cuanto a la formación bruta de capital, es decir en la inversión productiva, las cifras son igual de significativas. Entre 1992 y 1993, la formación bruta de capital cayó un -15%, para recuperase en los cuatro años posteriores y alcanzar el 13,4%, todavía por debajo de la caída precedente.
La economía española ha atravesado una profunda depresión de la demanda interna. A diferencia de los años ochenta, donde el tirón del consumo público creció entre 1986 y 1990 a un ritmo medio anual del 6,6%, entre 1994 y 1997, el incremento ha sido de un raquítico 0,7% medio anual.
Por otra parte la congelación salarial, la pérdida de poder adquisitivo, la precarización en el empleo, y el crecimiento del paro han retraído la demanda espectacularmente. En lo referente al consumo privado la comparación es peor. Si el crecimiento medio entre 1986-1990 es del 4,7% de 1994 hasta 1997 no supera el 1,6%. En el período comprendido entre 1961 y 1973 la tasa de variación anual era de 7,2% para caer al 1,6% entre 1973-1985.
El crecimiento económico de los cuatro años precedentes ha sido muy peculiar. Respecto al triunfo sobre la inflación cabe preguntar, ¿cómo pueden subir los precios cuando la demanda pública y privada ha estado durante tres años deprimida?
El crecimiento se ha basado por encima de otras causas en el tirón exportador. Según datos oficiales la competitividad de las exportaciones españolas mejoró en los mercados internacionales. Las causas fueron varias. En primer lugar la devaluación de la peseta que abarató los productos españoles en el extranjero. En el último año la depreciación de la peseta en términos nominales ha sido del 2,3%; en el mercado de divisas, con una caída del 10% respecto al dólar, un 8,1% respecto a la libra, 7,9% respecto al dólar canadiense y un 5,6% respecto al yen. Sin embargo, en el marco limitado de la Unión Monetaria estas devaluaciones tan beneficiosas para prolongar la recuperación están descartadas.
El otro factor que ha incidido en el crecimiento de la productividad y la competitividad de los productos españoles es la moderación salarial, que ha repercutido en la caída de los costes unitarios de trabajo. De esta forma los capitalistas han reducido los costes de producción. En un informe reciente sobre escalas salariales en la Unión Europea, se señalaba que el coste medio de la hora trabajada en España es casi la mitad que en Alemania. Este factor también incide en la baja inflación.
En 1997 la subida media salarial registrada en la negociación colectiva fue del 2,7%. Para 1998, los sindicatos guiándose por las previsiones de inflación del gobierno Aznasr han demandado una subida salarial del 2,4%. Ni siquiera los dirigentes de CCOO y UGT se aplican el viejo principio del sindicalismo de recuperar el poder adquisitivo perdido en los períodos de recuperación económica.
Por ahora, Aznar, Rato y sus alegres amigos disfrutan con la propaganda: “Todo está muy bien, pero todavía va a mejorar más”, se dicen contentos. En este coro no hay voces discrepantes.  Si acaso el PSOE lamenta que en las privatizaciones no se les invite a dar su opinión, que se desgrave tanto a las rentas del capital __en ambos casos el gobierno del PSOE abrió el camino__ o algunas otras menudencias por el estilo.
El consumo privado se ha beneficiado de la caída de los precios, pero el incremento todavía es modesto: la demanda interna no es lo suficientemente fuerte como para asegurar un robustecimiento del crecimiento. Sigue estando casi dos puntos por debajo de la media de los años ochenta. Además es lógico que los empresarios intenten reactivar la economía disminuyendo los precios, ¿qué otra cosa podrían hacer después de tres años de estancamiento continuado? El ahorro familiar que había crecido lentamente se puede permitir ciertas alegrías gracias también a la caída de los tipos de interés, pero es muy pronto para asegurar si este proceso va a continuar in crescendo ininterrumpidamente.  
¿Cómo se puede conciliar más consumo privado con topes salariales, precariedad en el empleo y una tasa del 22% de desempleo?
En las cifras del gobierno han confluido también otros elementos favorables. El crecimiento de los ingresos por turismo que en 1997 fueron récord, junto con el incremento de las exportaciones, han logrado que la balanza de pagos arroje superávit.
La caída de los tipos de interés, los ingresos por privatizaciones y el recorte de un billón en el gasto público de los presupuestos de 1997 han permitido una reducción del déficit público hasta el 2,9% del PIB.
¿Van a poder mantener esta tasa de disminución del déficit ininterrumpidamente? De entrada están apoyándose en la caída de los tipos de interés, para reducir la carga de intereses de la deuda, pero éste es un elemento muy fluctuante. Los tipos pueden subir si hay un repunte de la inflación. En segundo lugar, se apoyan en las privatizaciones, pero esto es pan para hoy y hambre para mañana. En tercer lugar, en la reducción del gasto público y los gastos sociales, y en este terreno todavía falta por aplicar el bisturí a lo grande como exigen muchos círculos empresariales.

 

Las privatizaciones

 

Las privatizaciones están contribuyendo a enjuagar el déficit público y facilitando a los inversores privados, a los capitalistas saturados de beneficios, fuentes de inversión rentables, especialmente en sectores (eléctricas, telecomunicaciones…) donde las plusvalías pueden ser espectaculares. El ejemplo del Banco de Santander, que habiéndose hecho con el 2% de las acciones de Telefónica, las vende un año más tarde obteniendo 40.000 millones de beneficios, es significativo.
En los últimos seis años se han realizado trece ofertas públicas de venta (OPV), privatizaciones parciales de seis empresas públicas: Repsol, Telefónica, Argentaria, Gas natural, RENFE, Endesa, que han reportado al estado 2,1 billones de pesetas, 1,3 durante la etapa del PSOE y 0,8 en estos dos años de gobierno del PP.
Se ha realizado la venta de otras empresas públicas industriales, como CSI (un 35%), que en 1996 obtuvo 15.600 millones de pesetas de beneficios, e Inespal; la primera ha sido adquirida por el grupo luxemburgués, Arbed y la segunda por la multinacional norteamericana Alcoa. En ambos casos se trata de empresas con miles de puestos de trabajo amenazados.
Los sindicatos convocaron movilizaciones en el caso de la CSI durante los meses de junio y julio de 1997 pero no contra la privatización, sino para exigir que el comprador tuviese un “plan de futuro” para la siderurgia y que el Estado mantuviera el 50% más una de las acciones. En la práctica fue una renuncia a defender y garantizar los puestos de trabajo de comarcas enteras que dependen de la producción del acero
La compra de la CSI por Arbed, significa la extensión del monopolio luxemburgués al mercado del sur de Europa y América Latina. Con la sobrecapacidad del  sector del acero europeo, esta compra elimina un competidor y facilita la competitividad a Arbed pero no evitará futuras reconversiones. De hecho en el acuerdo no hay ninguna cláusula en donde se diga explícitamente que se mantendrán las plantillas. Inespal sigue la misma dinámica pero a peor: Alcoa ya ha anunciado despidos y desmantelamiento de segmentos de la empresa.
La empresa pública industrial está sometida a un ataque prolongado. Si el PSOE tuvo que retroceder parcialmente en algunos sectores, sobre todo en la última fase de la anterior legislatura ante la rebelión de los trabajadores de la naval, hay asignaturas que siguen pendientes. Las reconversiones desde 1982 han sido brutales; las plantillas de la Agencia Industrial Española una de las corporaciones en que se dividió el INI, pasaron de 98.276 trabajadores en 1982 a 42.087 en 1997, afectando  sobre todo a la minería, sector naval, siderurgia y defensa. En un primer momento privatizaron las empresas más rentables para los capitalistas, que no tardaron mucho en proceder a nuevos recortes de plantillas. Esta es la norma en todo el mundo. Las empresas públicas deficitarias o con problemas serán sometidas a nuevas reconversiones y, o bien cerrarán, o serán vendidas una vez saneadas. En el diario La Vanguardia del 25/5/97, se publicaban las cifras de las posibles reestructuraciones de personal en empresas sujetas a privatización:
Endesa          4.000
Telefónica        20.500
Repsol          2.000
Banco Exterior      2.100
Iberia          3.100
La mayoría de estos despidos se intentarán pactar en acuerdos globales con los sindicatos, utilizando las fórmulas clásicas de bajas incentivadas, prejubilaciones, pero en ningún caso van a ser aceptadas con alegría. Habrá inevitablemente una respuesta por parte de los trabajadores

 

La lucha minera

 

De acuerdo con el plan firmado por el Ministro de Industria y los Sindicatos en mayo de 1997, para el período 1998-2005 habría una reducción de 11.000 puestos de trabajo en la minería, aunque se contemplaba que otros 3.500 trabajadores ingresen con el fin “de asegurar el equilibrio funcional de las plantillas y evitar la descapitalización de profesionales cualificados”. La reducción neta de empleo sería de 7.000 puestos de trabajo, de los que 3.500 corresponderán a la minería asturiana.
El método utilizado para hacer tragar el sapo es conocido: se ha reducido la edad de prejubilación de 55 a 52 años, y aplicando los coeficientes reductores vigentes en minería (antigüedad y peligrosidad), los mineros podrán acogerse a la prejubilación con algo más de 40 años de edad cuando reúnan la antigüedad requerida. Al PP no le quedaba más remedio que comprar la paz social en las cuencas, por lo menos durante un tiempo.
Los dirigentes de los sindicatos mineros tanto de CCOO, como de UGT, se apresuraron a echar la firma al acuerdo. Después de años insistiendo en que el carbón no tiene futuro y aceptando la filosofía de la burguesía sobre el precio del carbón asturiano o leonés frente al polaco o sudafricano, la firma de este acuerdo es una consecuencia de su propia lógica.
Después de la extraordinaria movilización de 1992, cuando los mineros de las cuencas del Nalón y del Caudal se levantaron en huelga espontánea contra los cierres y despidos, lucha que fue finalmente aislada por los dirigentes, el ambiente mayoritario entre los mineros fue aceptar sin alegría ni ilusión la jubilación con el 100% del salario. Al fin y al cabo hay formas y formas en una reconversión.
El PP ha continuado con la estrategia del PSOE de palo y zanahoria. Las pérdidas de empleo se compensarían garantizando a los mineros prejubilados el 100% del salario, lo que explica que no haya una explosión social por el momento. El coste del plan ascendería a más de un billón de pesetas, y las subvenciones a la explotación se reducirán entre el 20% y el 25%,  a razón de un 3% ó 4% anual acumulativo, por el recorte de la producción. Sólo las prejubilaciones supondrán un coste superior al medio billón de pesetas.
La burguesía no se sentía capaz de aplicar el bisturí por las bravas en Asturias, necesitaba amortiguar el golpe con el colchón de las prejubilaciones, y la colaboración de los sindicatos.  
Todo el plan saltó por los aires en diciembre, cuando la Unión Europea rechazó los acuerdos gobierno sindicatos sobre el futuro de la minería, exigiendo topes a las subvenciones por despido, e incrementar el número de despedidos y el cierre de nuevos pozos.
La respuesta de los mineros no tardó en producirse: desde el 11 de diciembre de 1997 y hasta febrero de este año las cuencas mineras del Caudal y del Nalón se pusieron en pie de guerra. La huelga se extendió a todos los pozos de forma similar a lo que ocurrió en 1992. Los dirigentes del SOMA-UGT y la federación minera de CCOO orientaron toda su estrategia a que el PP se comprometiera a defender el acuerdo frente a las presiones de Bruselas. Pero en las cuencas la radicalización de los jóvenes y los mineros reflejaba la profundidad de la frustración acumulada durante años. El conflicto contagió a toda la población que apoyaba unánimente a los mineros.
Durante mes y medio la decisión de los mineros de luchar por los puestos de trabajo fue más que evidente. La represión policial feroz se desató en todas las poblaciones de las cuencas, así como la resistencia en las barricadas. La juventud jugó un papel decisivo en la lucha, especialmente los estudiantes que, convocados por el Sindicato de Estudiantes, protagonizaron dos jornadas de huelga general en las cuencas.
Durante todo el conflicto la estrategia de las direcciones del SOMA-UGT y la federación minera de CCOO fue evitar la celebración de asambleas para discutir los objetivos de la lucha, obviando la realización de acciones de solidaridad de la población con el colectivo minero. A pesar de las presiones, no se convocó ninguna huelga general de las cuencas, ni siquiera una manifestación para que la población pudiera respaldar la lucha. El conflicto tuvo un saldo trágico con la muerte el 12 de enero del minero Lorenzo Gallardo, atropellado por un coche cuando participaba en un piquete.
Finalmente el gobierno y los sindicatos alcanzaron un acuerdo que empeora el firmado en mayo de 1997, aumentando en 500 el número de puestos de trabajo destruidos.
Ahora corresponde a los trabajadores sacar conclusiones. “Los implicados en el carbón han negociado y ultimado en estos días la penúltima reestructuración” (Cinco Días, 26/1/98). El penúltimo combate así lo ve la burguesía anunciando que el próximo será el decisivo. En éste ya han exhibido algunas de sus armas: el balance de un muerto y varios heridos por la acción de la brutal represión policial.
La burguesía quiere acabar con la minería y espera hacerlo con un gobierno fuerte de la derecha al que no le tiemble el pulso. ¿Lo conseguirá? Esta última lucha ha supuesto un retroceso real para los mineros: menos empleo y un futuro más indeterminado. Sin embargo, no supone una derrota: se frenó un recorte más amplio y, sobre todo, se constató que hay fuerza suficiente para plantar cara al enemigo en el futuro combate.

 

Las condiciones de vida de las masas

 

La creación de 1.500.0000 empleos netos entre 1986-1990, tuvo efectos importantes en la lucha de clases y en la confianza que las masas otorgaron al gobierno del PSOE.
Durante la recuperación de los años 90 la situación para la clase obrera es muy diferente. Las cifras de desempleo son impresionantes. Según la última EPA el ritmo del crecimiento sigue siendo raquítico. En 1997 se han creado 371.000 puestos de trabajo, pero el paro sigue siendo de 3.292.700.
La burguesía, a pesar de estas tasas espectaculares de paro, está contenta. No hacen más que destacar que el millón de empleos perdidos en la recesión de 1992-93, se ha recuperado, incluso que estamos ante un récord de ocupación: 12.765.600. Medido en términos absolutos la población ocupada ha crecido, pero el empleo creado es de peor calidad, precario y peor remunerado. Los servicios han ganado un 10% de ocupados en siete años, y la industria ha perdido el 13%.
Si en 1991 la cifra de parados según la EPA era de 2.463.700 parados, ahora hay casi un millón más de parados, un incremento del 35% (ver cuadro 1 en la página siguiente).
En lo referente a la ocupación, la variación también es significativa (ver cuadro 2).
Más del 50% de los parados son jóvenes menores de 30 años, y de los jóvenes comprendidos entre 20 y 29 años, el 50% llevaba en 1996 más de un año buscando empleo. Estas tasas dramáticas de desempleo juvenil son una bomba de relojería para el futuro: “El paro y el subempleo de los jóvenes no sólo representan un despilfarro de recursos humanos, sino que pueden constituir una amenaza para la cohesión económica y social” (Reunión del Consejo Económico y Social correspondiente a 1996).
Si la tasa de desempleo no se reduce sustancialmente puede ser crítica en un contexto recesivo. El paro ha actuado durante estos años como una espada de Damocles sobre la cabeza de los trabajadores y la juventud. El miedo a perder el empleo ha sido un eficaz aliado de la patronal. Por ahora, se aceptan muchas concesiones y sacrificios pero no pueden durar eternamente. Son estos cambios los que están trabajando la conciencia de la clase obrera, cambios que todavía no tienen un reflejo en la superficie.
El desempleo masivo ha favorecido la sobreexplotación de los ocupados. En términos absolutos el PIB ha pasado en pesetas de constantes de 23 billones en 1974, a los 75,46 billones de 1996, es decir la producción de riqueza se ha triplicado con la misma fuerza de trabajo ocupada.
Al igual que en el conjunto de los países capitalistas desarrollados en los últimos años se ha producido una auténtica contrarrevolución en las condiciones de trabajo de los obreros, una contrarrevolución que pretende eliminar en el Estado español todas las conquistas obtenidas en las luchas de la transición, cuando la clase dominante, ante el temor de perderlo todo, prefirió hacer concesiones, algunas muy importantes. Que las reformas son el producto secundario de una situación prerrevolucionaria no es una idea nueva para los marxistas. Así fue el caso de España tras la caída de la dictadura y así ocurrió durante los años 40-50 en Europa occidental. Pero las reformas que ayer fueron ganadas hoy son eliminadas por la burguesía, paradójicamente en una fase de recuperación económica. Peculiar forma de hacer avanzar el capitalismo.

 

Beneficios empresariales

 

Es de entender que los grandes capitalistas estén henchidos de optimismo cuando ven su cuenta de resultados.
El beneficio de las empresas no financieras creció en 1997 un 35%. Según el último informe de la Asociación Española de Banca el conjunto de bancos que operan en el Estado español contabilizaron al cierre de 1997 un benefico neto de 486.550 millones de pesetas, un 22% más que en 1996, y las Cajas de Ahorro ganaron 401.225 millones netos, un 20,6% más que en 1996.
El crecimiento de los beneficios es enorme; tan grande, que existe un exceso de liquidez que no encuentra mercado en la economía real. Esta contradicción entre el capital fluctuante y la incapacidad de la economía productiva para absorberlo ha disparado la burbuja financiera.
El fenómeno más asombroso es el crecimiento de los Fondos de Inversión. Si en 1986 no superaban los 800.000 millones, en junio de 1996 suponía 15,608 billones de pesetas, para en poco más de un año, septiembre de 1997, superar los ¡23 billones de pesetas!. ¡Esta es la auténtica bancarrota de la economía de mercado!. Mientras se dilapida el potencial de horas de trabajo al año de tres millones de personas, con toda la cantidad de riqueza que se podría crear si esa fuerza de trabajo se utilizase, el capital ocioso dedicado a operaciones puramente especulativas asciende casi a un tercio del PIB español.
Este capital alimenta la burbuja bursátil, creando expectativas y haciendo crecer el valor de las acciones hasta niveles surrealistas.
1997 fue un año record para la bolsa, pero en lo que va de año la rentabilidad de las acciones se ha incrementado un 34,39%.
Este crecimiento de la rentabilidad y el volumen de contratación no va parejo ni al incremento de la producción de las empresas, ni corresponde a su valor real. La fuerte demanda de acciones está relacionada con la presión colosal de estos capitales. Cuando una empresa tiene expectativas, los capitales fluyen y las acciones presionan al alza multiplicando su valor bursátil pero no su valor real. Una caída en la producción, un estancamiento de la economía real, puede provocar una venta masiva de acciones,  la descapitalización y el cierre de muchas empresas.
Por el momento todo es alegría, pero esta burbuja financiera crece sin control ni relación con la marcha real de la producción.
Los beneficios empresariales están creciendo en 1997 y se esperan mayores incrementos, según las previsiones del gobierno para 1998. Una situación similar se reproduce en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, hay economistas burgueses que advierten de los peligros de una nueva recesión, y el papel que la burbuja financiera puede jugar, desatándola y agudizándola. Los recientes acontecimientos en el Sudeste Asiático, un crash económico que ha devastado toda la zona acabando con el modelo de desarrollo que más brilló durante los años noventa, es un serio aviso para el capitalismo mundial.
Muchos recuerdan que el pico de la recuperación económica en EEUU y Europa tras la I Guerra Mundial se dio precisamente en 1928, cuando los beneficios crecieron espectacularmente y la burbuja financiera había llegado a sus máximos históricos. Poco después se produjo el doloroso despertar en forma de un crash catastrófico.
Los acontecimientos no tienen por qué producirse de forma similar. El desarrollo del capitalismo no es una repetición compleja de los ciclos, sino un desarrollo dinámico, como explicó Trotsky. Intervienen muchas variables en el proceso. Pero una recesión y será inevitable una nueva recesión, puede tener un efecto demoledor en el Estado español.

 

La actitud del movimiento obrero

 

Que éste es un gobierno débil no se puede dudar. Pero quedarnos solamente en repetir este hecho incuestionable es insuficiente. Hemos visto a gobiernos fuertes en el pasado recibir una contestación social tremenda que ha provocado su caída. También hemos visto gobiernos débiles que, en circunstancias concretas, han llevado a cabo  políticas antiobreras con cierto éxito. Por ejemplo, durante los cinco años de gobierno UCD, Suárez pudo mantenerse en el gobierno entre otras causas gracias al apoyo de la dirección del PCE (con Carrillo a la cabeza), del PSOE y los dirigentes sindicales. La debilidad de ese gobierno no desapareció, al contrario, todas las contradicciones a las que estaba sometido estallaron en 1982 cuando la UCD desapareció de la escena.
El PSOE cosechó la mayoría parlamentaria más abultada de la historia democrática española, pero fue el gobierno que sufrió la contestación más amplia de los trabajadores: cuatro huelgas generales y los movimientos de masas de la juventud más importantes desde la caída de la dictadura.
La victoria pírrica del PP en las elecciones del 3 de marzo, su inestable mayoría en el parlamento sometida constantemente a las presiones de CiU y PNV, sus contradicciones internas (en Galicia, en Catalunya y muchas otras zonas) son un fiel reflejo de la debilidad histórica de la derecha española. En las peores condiciones, el PSOE siguió manteniendo un respaldo electoral muy importante, incluso con un giro de sectores de las capas medias y de la juventud hacia el PP, giro que puede convertirse en su contrario debido a la enorme volatilidad de ese apoyo. No cabe duda de que este gobierno podría haber entrado en crisis durante estos dos años. Sin embargo, tal cosa no ha sucedido. En la práctica el gobierno del PP ha superado a trancas y barrancas este período con un cierto grado de éxito.
Igual que durante los años de UCD la razón fundamental ha sido el apoyo, las muletas que han ofrecido las direcciones de CCOO y UGT y la oposición política, sobre todo el PSOE.
No se ha firmado un pacto social estilo ANE, AMI o AES pero en los hechos, la firma de cuatro acuerdos entre CCOO y UGT con el gobierno ha tenido efectos muy parecidos a los de un pacto social. Como todo pacto, las concesiones de los trabajadores han sido muy claras, muy precisas, mientras que los compromisos del gobierno y la patronal son declaraciones que no comprometen a nada.
A pesar de todo, los acuerdos se han firmado sin que se produjese una contestación que lo impidiese o por lo menos que provocase una amplia fractura en el movimiento obrero. La razón fundamental de esto se explica a partir de la situación de la que venimos. Sectores amplios de los trabajadores no han llegado todavía a percibir el calado de estos ataques. El Pacto de Toledo afectará a las futuras pensiones; la contrarreforma laboral se ha presentado como un acuerdo para el fomento del empleo estable. En el contexto de paro y eventualidad existente, machacados por la propaganda combinada del gobierno y los líderes sindicales, la respuesta era muy difícil. Aún así el ambiente en el seno de los sindicatos era muy diferente al de otros momentos.
Cuando se firmaron el AMI o el ANE, miles de activistas sindicales se dejaban la piel en las asambleas para defenderlos, lo justificaban abiertamente utilizando sin problemas los argumentos del aparato sindical. Estos acuerdos fueron contestados por un sector  de los sindicatos pero los dirigentes pusieron toda su autoridad encima de la mesa para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, fábrica a fábrica, convenio a convenio.
Los últimos acuerdos han suscitado alguna expectativa, pero muy poca ilusión y bastante indiferencia. En el seno de los sindicatos y el aparato se ha cuidado mucho de consultar a las bases y  en las pocas asambleas que se han celebrado, han sido los liberados y miembros de los órganos de dirección los encargados de defender sus bondades, pero no han generado entusiasmo.

 

El sector crítico de CCOO

 

En el caso de CCOO la situación ha sido más difícil para el aparato. Desde el VI Congreso Confederal celebrado en enero de 1996, el sector oficialista ha procedido a una depuración sistemática de los sectores críticos del sindicato. Más de 700 afiliados han sido expulsados, sancionados o despedidos.
La fracción de Antonio Gutiérrez del sindicato ha actuado sin vacilar, dirigiendo su fuego contra secciones sindicales, comisiones ejecutivas o sindicatos de rama y provinciales. ¿Por qué esta ofensiva tan furiosa en un período en el que no hay un movimiento masivo de los trabajadores? En realidad la dirección oficialista se hace eco de las presiones de la burguesía que comprende muy bien cuáles pueden ser los procesos en el futuro. Han observado lo que está ocurriendo en Bélgica, lo que ha pasado en Francia con el surgimiento de corrientes de izquierdas al calor de las movilizaciones, y quieren evitar esa posibilidad. Pretenden destruir cualquier punto de referencia de oposición de izquierdas en este momento para dificultar su desarrollo en el futuro, algo que de todas formas no podrán evitar. Hay una estrategia de fondo para absorber y controlar  a la izquierda política y sindical, estrategia altamente rentable para la burguesía. Esto es lo que explica el odio y la saña del aparato contra el sector crítico. Es un reflejo de la lucha de clases en el seno de las organizaciones de masas.
En este período los críticos han tenido que definir más su programa, se han opuesto activamente al pacto de Toledo obligando a los dirigentes del PCE y de IU a rectificar su postura inicial, se han enfrentado a la reforma laboral.
El desarrollo del sector crítico no será lineal. Es un sector muy heterogéneo donde participan fundamentalmente sindicalistas ligados al PCE, cuadros muy veteranos del sindicato, y militantes radicalizados y a pesar de todo han cosechado un importante apoyo en la base del sindicato.
No obstante, para enfrentarse con éxito a los ataques de la dirección, ataques que en este contexto pueden provocar la desmoralización entre los mejores activistas de CCOO, el sector crítico necesita una estrategia clara, un programa marxista revolucionario.
Los golpes recibidos por la burocracia son importantes. Combinados con la política de pactos y concesiones han acelerado las presiones a favor de la escisión entre un sector de los críticos. Esto es algo natural, inevitable si consideramos el contexto; es en definitiva el precio a pagar por la política reformista de los dirigentes. Hasta ahora las salidas han sido pocas, aunque en algunas fábricas son importantes. La dirección de los críticos en su mayoría han apostado correctamente por continuar en el sindicato. Una aventura escisionista prematura sólo puede conducir al más grande de los desastres. Con todo, la cuestión de fondo para el futuro sigue siendo político. Reivindicar frente al “neoliberalismo” la vuelta a políticas económicas “expansivas”, neokeynesianas, de inversión pública y altos déficits presupuestarios no es una respuesta consecuente con la actual crisis del capitalismo. Estas ideas pueden alimentar la confusión política al sugerir que bajo el capitalismo es posible otro “modelo de desarrollo”, y son falsas de principio a fin. Si la burguesía pudiera recurrir a las políticas de intervención del Estado, gastos sociales, déficits presupuestarios, pleno empleo, de los años 50 ó 60, ¿por qué no iban a hacerlo?  Los capitalistas prefieren paz social y “prosperidad”, es decir migajas para la clase obrera, si eso no pone en peligro su tasa de beneficios. Pero la realidad es que el keynesianismo fracasó, y la burguesía tuvo que girar hacia el monetarismo puro y duro.
Los marxistas defendemos las conquistas del movimiento obrero, las reformas sociales, la sanidad y la enseñanza públicas, las jubilaciones, defendemos las empresas públicas y los puestos de trabajo frente a las privatizaciones y los despidos, y la jornada de 35 horas sin reducción salarial, por ley, para luchar contra el pero. Pero lo hacemos desde un punto de vista de clase, de la manera más consecuente. Defender esas reformas, esas conquistas amenazadas y atacadas por la burguesía en todo el mundo sólo se puede hacer eficazmente a través de la movilización más amplia y firme de la clase obrera. Esta lucha tiene que ligarse precisamente a la explicación de una alternativa socialista, a la elevación del nivel de conciencia, de comprensión del movimiento obrero. Defender las reformas del pasado está ligado a la lucha por la transformación socialista de la sociedad, precisamente porque en este momento estas reformas chocan con intereses vitales para la burguesía.
En esta situación de ataque e impás del movimiento, el papel de la dirección es vital para orientar a los activistas, darles confianza y trazar una estrategia de cara al futuro. Utilizando un simil militar, un ejército no puede avanzar siempre y en todo momento y condición. La tarea del estado mayor es entrenar a las tropas, aumentar su cualificación y defender las posiciones conquistadas, sin dejar pasar ninguna oportunidad de ofensiva cuando las condiciones son favorables. El papel de la dirección en el sector crítico es decisivo para el futuro.
En UGT la situación es diferente; la reciente crisis del sindicato ha dejado un poso importante. No hay afiliación ni más participación en la vida interna del sindicato. El giro a la derecha de la nueva dirección ha acabado con las diferencias mantenidas con el sector de Lito. Su pérdida de iniciativa política frente a CCOO es evidente  y aunque existen sectores descontentos con la política del aparato, el proceso  de diferenciación tardará más en manifestarse, lo que no quiere decir que cuando se dé no tenga un carácter más violento, incluso un giro radical de UGT más a la izquierda de CCOO podría ser probable.
En este contexto de retroceso en las condiciones de vida y de trabajo, de ataques del gobierno del PP, de giro a la derecha de las cúpulas sindicales, los obstáculos para el crecimiento de los sindicatos son evidentes.
De todas formas en este punto debemos ser muy cuidadosos. Es cierto que los sindicatos en líneas generales están estancados, aunque en el caso de CCOO con el surgimiento del sector crítico se ha producido un cambio en la situación interna respecto al período anterior. Es cierto que el nivel de huelgas siguen siendo bajo. Es cierto que la regresión en las condiciones de trabajo y pérdida de derechos es grande.
Sin embargo siempre que ha habido una llamada a  la lucha, la clase obrera ha respondido como un solo hombre, de forma masiva. No estamos ante un reflujo profundo del movimiento, donde la propia parálisis de los trabajadores impide la lucha. Lo hemos visto en estos dos años: huelgas y movilizaciones del sector público, luchas en la CSI, Astander, los trabajadores municipales de Marbella, los mineros de León, Teruel, Alquife y Asturias; Magneti Marelli, Metro y Miniwat de Barcelona; Metro de Madrid… y muchas más. Si las direcciones estuvieran a la altura de las circunstancias este gobierno tendría sus días contados.
Es precisamente la ausencia de una alternativa el principal punto de apoyo del PP.
Aznar puede respirar un poco más tranquilo. Han logrado ir colando poco a poco medidas que en otro momento hubieran provocado una reacción social amplia. Han recortado el gasto público en un billón de pesetas con los presupuestos de 1997. Han firmado cuatro acuerdos con los sindicatos. Han continuado con su política de privatizaciones. Han flexibilizado más el mercado laboral, abaratando el despido. Han resuelto parcialmente y a golpe de talonario el conflicto minero. Y la economía ha entrado a partir de 1997 en una fase de crecimiento más nítida, con todas las sombras que hemos señalado.
A corto plazo si el crecimiento continúa durante el próximo año, el gobierno podría encontrar un respiro. En la práctica tienen mucho miedo a una respuesta del movimiento obrero. Los presupuestos generales de 1998 siguen la senda del recorte del gasto público aunque menos radicales en algunos capítulos. Aprovechándose de la caída de los tipos de interés rebajan en más de 300.000 millones lo que pagarán en intereses por la deuda pública que sigue siendo la partida más importante de los presupuestos: 3,459 billones de pesetas.
De todas formas sería un error pensar que no hay ataques en estos presupuestos. Se incrementan notablemente los impuestos indirectos que gravan al consumo. La previsión es recaudar un 9,5% más de IVA, gasolina, tabacos, alcoholes y primas de seguro. Por contraposición el fomento de la inversión de las empresas tanto en impuestos de sociedades como en rebajas del IRPF e IVA supondrá que Hacienda dejará de ingresar  643.000 millones de pesetas.
De 473.293 millones de pesetas que se dedicarán a “políticas de empleo”, 102.439 millones irán a financiar las bonificaciones de cuotas a la seguridad social para fomentar los “contratos indefinidos”.
La partida para prestaciones por desempleo se reduce un 2,7%, 40.858 millones de pesetas.
Después de tres años de caída de las inversiones públicas, en estos presupuestos se contempla un incremento del 5,9% respecto al de 1997 cuando cayó un 0,8%. El Ministerio de Fomento contará con una partida de 380.554 millones para inversiones lo que tampoco es una cifra elevada. Las pensiones subirán un 2,1%, la inflación prevista, cifra que puede provocar conflicto si hay un repunte inflacionista. En general el gobierno prevé un crecimiento de la economía para 1998 del 3,4% del PIB, creación de 318.000 empleos y reducción de la tasa de paro al 19,5%, un crecimiento de la inversión del 6,9%, y una inflación del 2,1%.
Los presupuestos se apoyan en la actual coyuntura para evitar meter un tijeretazo mayor. En su editorial del 30 de septiembre de 1997, El País comentaba: “En síntesis, brillan por su ausencia las prometidas reformas estructurales en el gasto público y las rebajas de impuestos… Los segundos presupuestos elaborados por el equipo de José María Aznar ignoran olímpicamente las reformas estructurales. No son problemas nominales sino reales. Las costuras de este presupuesto continuista y correcto a corto plazo, pero insuficiente para garantizar la estabilidad macroeconómica a medio plazo, se romperán en cuanto aparezcan nuevas tensiones políticas __un nuevo pacto para financiar la sanidad por ejemplo__, o sea necesaria atender exigencias más elevadas de financiación autonómica”.
El Gobierno se ha especializado en jugadas muy a corto plazo y el capitalismo español, desde el punto de vista de la burguesía tiene problemas de fondo gravísimos en comparación con el resto de las economías europeas. Un crecimiento de 2,5% ó 3% del PIB en los próximos dos años no resolverá las elevadas tasas de desempleo. ¿Y después qué?. Un cambio en el ciclo económico tendrá consecuencias inmediatas. Incluso antes de que eso se produzca, si Aznar quiere seguir aprobando Maastricht necesita seguir recortando el déficit y los gastos sociales. Y no va a poder recurrir siempre a la caída de los tipos o las privatizaciones, tendrá que meter la tijera más a fondo. Por otro lado, si la economía va tan bien, los beneficios crecen y la cartera de pedidos está llena, no sería descartable un incremento de las luchas económicas. Todas las incertidumbres, toda la carga de inestabilidad política se mantiene, si bien es cierto que el crecimiento económico y el impasse del movimiento obrero debido a la política de los dirigentes sindicales pueden beneficiar a corto plazo al PP, pero con el corto plazo no se trazan perspectivas políticas; debemos ver más lejos.
No somos los únicos que trazamos este cuadro. Roberto Centeno, catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid en un artículo publicado en El País (18/5/1997) acerca de la unión monetaria y la economía española, comenta: “Este aprobado general, si se confirma, dará poca consistencia al euro, que será más débil que el marco, por lo que antes o después, si no se quiere que todo el proyecto fracase, habría que apretar seriamente las tuercas en el cumplimiento estricto de las cifras de convergencia sostenible; es decir, no sólo las de este año sino las de ejercicios futuros, y ello en contra de la ola de entusiasmo y desinformación existente en nuestro país, va a producir problemas al empleo, al crecimiento y a los gastos sociales. El diario Financial Times se asombraba en su editorial de la autocomplacencia del gobierno español, el único entre los europeos que aspira a entrar en el euro que no parece tener en cuenta los enormes sacrificios que debe realizar. Para el gobierno español, ‘los buenos tiempos han llegado ya, los criterios de convergencia están en el bote, el país ya puede sentarse y disfrutar de una nueva edad dorada de rápido crecimiento, empleo creciente y precios estables’, mensaje que ningún otro país está transmitiendo en su opinión a pesar de que sus economías marchan muy bien, y algunas, mucho mejor que la nuestra. El Plan de Estabilidad va en esa línea: más empleo, menos inflación, reducción drástica del déficit público, y todo ello sin recortes sociales ni autonómicos, con más inversión pública y menos impuestos: la cuadratura del círculo”.
En una visión global y dinámica de los acontecimientos la burguesía española se enfrenta a corto y medio plazo con graves problemas. Los ataques continuarán y se harán más duros. Si esta recuperación económica acaba sin ofrecer nada a los trabajadores salvo sacrificios, precariedad y mucho paro, si la economía no crece lo suficiente, como ocurrió en los años 80, para poder reducir las tasas de desempleo, los conflictos, muy a pesar de los dirigentes reformistas, no tardarán en multiplicarse.
Este proceso no será automático ni seguramente inmediato a corto plazo, pero sí se hará inevitable. Todo tiene su límite, y la paciencia de los trabajadores está cerca de agotarse. La CEOE ya está insistiendo en una nueva reforma laboral, esta vez centrada en el recorte de las prestaciones por desempleo y en la doble escala salarial. Sus pretensiones van dirigidas también contra la línea de flotación de los sindicatos para arrancarles capacidad de negociación colectiva y debilitarlos aún más en las empresas. Incluso el giro derechista más grande no puede evitar que el movimiento de la clase estalle. Lo vimos en Francia en diciembre de 1995, cuando los obreros del sector público dijeron basta a una política de concesiones constantes y desbordaron a los sindicatos. El próximo período verá profundizar la crisis del capitalismo en una escala comparable con la de los años 70.

 

Perspectivas políticas

 

Los procesos de diferenciación en los partidos obreros están ligados directamente a la lucha de clases. Los acontecimientos en los sindicatos, las huelgas y  manifestaciones, tienen su traducción en el seno de los partidos, están íntimamente relacionadas.
La dulce derrota del PSOE fue, hasta cierto punto, sorprendente incluso para los marxistas. La clase obrera se movilizó una vez más para cerrar el paso a la derecha, no por sus simpatías hacia Felipe González sino por odio a la burguesía.
Sin embargo la dulce derrota fortaleció al aparato renovador del partido, es decir, al ala de derechas. Felipe González apareció como el paladín de unos resultados que nadie esperaba después de catorce años de gobierno socialista. El fortalecimiento del ala de derechas se vio reforzado con el triunfo electoral por mayoría relativa en las autonómicas de Andalucía. Con este reforzamiento la derecha del partido decidió finalmente hacerse con el control  de todas las palancas y eliminar a la oposición interna.

En el último período los guerristas habían sufrido derrotas importantes. Habían contemporizado y pactado con el aparato en numerosas ocasiones, pero sobre todo habían renunciado a defender una línea política alternativa.
Por otra parte la presión del movimiento es decisiva, pero esta presión no se ha producido para condicionar la línea del aparato. Por estas razones Felipe González y su camarilla, decidieron que era un momento idóneo para eliminar a Guerra y sus seguidores. Se trataba de recuperar el control absoluto del partido. En el XXXIV Congreso los acontecimientos se precipitaron. Los guerristas habían sido incapaces de definirse políticamente y solamente levantaron la bandera cuando se conocieron los planes de eliminar a Guerra de la Comisión Ejecutiva. Con todo, es significativo que semanas antes del Congreso todo el debate se polarizara en torno a la continuidad de Guerra en la dirección como vicepresidente. Se produjeron pronunciamientos de decenas de asambleas y agrupaciones a favor del tándem Felipe-Guerra y de un “acuerdo negociado” para integrar la nueva dirección. Sin embargo, era una política falsa por parte de los guerristas, que se limitaron a gestos ambiguos y declaraciones sin ninguna intención de ir más allá. El aparato se decidió a no repetir la situación del anterior congreso y decidió una maniobra: la dimisión de Felipe González para forzar la salida de Guerra y la limpieza en la dirección. La decisión de González puesta en escena durante la apertura del congreso, terminó por desconcertar aún más a los guerristas, que se batieron en retirada. En conclusión los guerristas han sido eliminados temporalmente de la dirección del partido y el control de los renovadores es casi omnipresente.
El nombramiento de Almunia no ha mejorado en nada la situación. Con un discurso errático y gris, desde que fue aupado a la Secretaría General no ha hecho sino continuar con la oposición de terciopelo iniciada por Felipe González. El problema es el mismo que con su antecesor: su aceptación de la lógica del captialismo que le ha llavado incluso a declarar auténticas barbaridades, como ocurrió durante su visita a México cuando respaldó abiertamente al gobierno genocida de Zedillo y criticó al EZLN.
Con todo, la situación en el seno del partido no es ninguna balsa de aceite. La decisión de Borrell de competir por candidatura a Presidente del gobierno en las llamadas “elecciones primarias” del PSOE va a reabrir las viejas heridas y polarizará a la militancia.
¿Quiere decir que los procesos de diferenciación no se van a dar en el seno del PSOE? Por supuesto que no. Será inevitable que el PSOE refleje y exprese los cambios y la radicalización de los trabajadores, pero a corto plazo, una ruptura o el surgimiento de un ala de izquierdas fuerte, está prácticamente descartada. Serán necesarios acontecimientos en la lucha de clases, importantes acontecimientos que afecten a la UGT y se trasladen al PSOE, provocando el enfrentamiento interno.
Para algunos activistas quemados o muy radicalizados esta idea podría aparecer como utópica. Pero nuestra obligación es comprender el proceso de toma de conciencia de los trabajadores. Los partidos obreros tradicionales no van a desaparecer porque no hay otra alternativa. La clase obrera cuando entre en la escena de los acontecimientos se orientará hacia sus sindicatos y sus partidos. Lo hemos visto en Italia, en Portugal, en Grecia, en Gran Bretaña, y lo  hemos visto en Francia donde muchos ponían  el RIP sobre el PSF.

 

Izquierda Unida

 

El desarrollo de los acontecimientos en IU y en el PCE tiene una enorme importancia. La división de IU con la salida del PDNI y otros pequeños satélites es la culminación de una crisis que arranca desde la propia formación de IU en 1986.
Después del desastre electoral de 1982, impresionados por el triunfo arrollador del PSOE, la dirección del PCE entró en una profunda crisis. En el fondo fue el resultado de una situación obvia: cuando existen dos partidos obreros que defienden una política reformista rivalizando electoralmente, gana el partido con más aparato y que ante las masas aparece como el que puede ejercer una influencia más efectiva.
La crisis del PCE se prolongó hasta 1986 con la salida del grupo de Carrillo. En ese momento un sector de la dirección del partido sacó la conclusión de desprenderse de todas los símbolos que olieran a comunismo, marxismo o socialismo, abandonando cualquier referencia al programa socialista, y diluirse en una coalición electoral para competir con el PSOE y recuperar votos. En la práctica esta conclusión era la culminación de años de política reformista por parte de la dirección salvo que ahora el papel del partido ya no tenía sentido. Si el objetivo no era la revolución, ni transformar la sociedad, ¿qué sentido tiene un partido comunista? En un principio IU no nacía con vocación de una coalición electoral sin más, sino con el objetivo de transformarse en una nueva formación de izquierdas política “plural” y original.
Para esta tarea, se contó con la participación de algunos grupos (PASOC e IR), y con las “personalidades progresistas” de la época: Almeida, López Garrido y gente por el estilo. El proceso fue desarrollándose de forma lógica. Si IU era un proyecto político serio, que superaba el concepto de partido obrero y renunciaba al programa marxista, ¿qué sentido tenía la existencia del Partido Comunista? Si esta idea podía provocar algún vértigo, la caída del muro de Berlín y el colapso del estalinismo acentuó la crisis del PCE y la desbandada de muchos líderes. Dirigentes del PCE, como Juan Berga, Palero, Sartorius, y numerosos cuadros intermedios abandonaron el partido o defendieron su desaparición abiertamente. Si el PCE no fue liquidado se debió a que la mayoría de la militancia de base estaba radicalmente en contra.
Sin embargo, Izquierda Unida y su componente principal, el PCE, sigue siendo una organización con raíces en la clase obrera y está sometida a las presiones del movimiento. En la práctica todos los giros a la izquierda de IU y del PCE se producían al calor de las luchas de los trabajadores contra el gobierno socialista. Estas presiones del movimiento dejaban su sello en IU, polarizando la situación interna y azuzando el enfrentamiento entre los diferentes sectores.
El ala renovadora se convirtió pronto en una formación política de personalidades con gran apoyo en los medios de comunicación burgueses y en… el aparato de CCOO. En el sindicato el giro a la derecha se materializó antes del 94 y se profundizó con posterioridad a la huelga general. Este giro alimentó el conflicto  interno y precipitó el surgimiento del sector crítico. El proceso se reprodujo en paralelo en IU. Si la Asamblea Federal de IU de 1994 se saldó con un pacto entre Nueva Izquierda y Anguita, que les aseguró actas de diputados, concejalías, puestos en el consejo político, a pesar de que estos individuos sólo se representaban a sí mismos, el desarrollo de los acontecimientos con la presión del movimiento obrero y especialmente de la base sindical del PCE avivó el enfrentamiento  hasta acelerar la ruptura.
La salida de PDNI, y la crisis de IU es el reflejo de estas presiones de abajo. Detrás del PDNI está la burguesía; detrás del PCE, aunque de forma distorsionada, se encuentran las aspiraciones de miles de sindicalistas y jóvenes que quieren una política más a la izquierda.
En los últimos años IU, o más bien el PCE, presionado por su base sindical se ha tenido que oponer al Pacto de Toledo y a la contrarreforma laboral. Para un sector de trabajadores avanzados y  de jóvenes radicalizados son la única oposición existente.
Para la burguesía esto representa un peligro potencial y esa es la razón por la que se ha desatado una campaña feroz contra Anguita y contra las ideas del  marxismo. Se trata de desprestigiar la idea de que hay alternativa al sistema, de que el socialismo es posible, a través de machacar al PCE.
Qué duda cabe de que Anguita se lo podría poner más difícil a la burguesía. Su actitud respecto al PSOE, sin distinguir entre la política derechista de la dirección y su base social impide aumentar el apoyo entre la militancia y votantes socialistas. Cuando se vota en el parlamento a favor de la TV digital del gobierno del PP, sin desenmascarar los intereses de clase que hay detrás de esta pugna de piratas, están dando oxígeno al PP y al aparato del PSOE que se permite el lujo, de acusarles de ir en auxilio del PP cuando éste se encuentra en un callejón.
IU puede jugar un papel decisivo en la lucha por transformar la sociedad. Para lograrlo necesita avanzar en la definición de un programa de clase, socialista y anticapitalista. La propia experiencia ha demostrado que no es posible conciliar la idea de “gestionar el capitalismo de forma eficaz y progresista” con la defensa de los intereses de los trabajadores.
El PSOE en 1982 obtuvo más de diez millones de votos y formó grupo parlamentario con mayoría en la cámara de diputados. Pero esto por sí solo no sirvió de nada. Al carecer de una estrategia socialista, renunciando a apoyarse en los millones de trabajadores que le llevaron al poder, la dirección del PSOE aceptó las consecuencias de gestionar el capitalismo y capitularon ante la burguesía en todas las cuestiones fundamentales.
La tarea de IU y por tanto del PCE, de sus dirigentes más coherentes y de la militancia más avanzada sería sacar las conclusiones de estos hechos. La transformación de la sociedad se decidirá por la lucha de clases. El Parlamento y las instituciones no pueden ser un fin en sí mismo, sino un medio de denuncia, de propaganda, para llegar a capas más amplias de trabajadores, con las ideas de un proyecto socialista coherente. Lo decisivo siempre será la capacidad de organización de la clase obrera y la juventud que IU y el PCE logren alcanzar y el programa revolucionario con el que movilizarlos.
Cabe recordar que las conquistas sociales y políticas de la transición fueron arrancadas por la lucha de masas y no por ningún grupo parlamentario. Lo que cuenta al final es la correlación de fuerzas y un programa alternativo capaz de responder consecuentemente a la crisis del capitalismo. IU puede ser un referente electoral, pero el papel de un partido comunista es imprescindible a condición de que defienda un programa marxista revolucionario que ligue las luchas por las reformas, como las 35 horas por ley sin reducción salarial, a una alternativa global por el socialismo basada en la nacionalización de la banca, los monopolios y los grandes latifundios bajo control de los trabajadores, para de esta forma establecer una auténtica planificación de la economía en beneficio de la mayoría de la sociedad.

 

La cuestión nacional y el Estado

 

Los apoyos parlamentarios del gobierno popular son tremendamente inestables. Tanto CiU como el PNV han vendido cara su colaboración y han arrancado concesiones del gobierno que parecían poco probables hace tan sólo un año. Obviamente a los nacionalistas burgueses les unen muchas cosas con la burguesía centralista. Sus intereses de clase frente al movimiento obrero han prevalecido frente a otras consideraciones, pero les separa la pugna por aumentar su cuota  de robo y saqueo. Tanto CiU como PNV han logrado imponer una reforma del sistema de financiación autonómica bastante ventajosa para sus intereses. El PNV ha mantenido el cupo, ha aumentado las transferencias y logrado apoyos para lanzar un operador telefónico autonómico. CiU ha condicionado su apoyo a la legislatura a planes muy ambiciosos de financiación del déficit histórico de la sanidad y completar las transferencias. De todos modos la exigencia de ruptura de la caja única de la Seguridad Social, la transferencia del INEM y aspectos de la financiación autonómica son fuentes de futuras tensiones. Por el momento,  sin el acoso del movimiento obrero, y con beneficios económicos para los empresarios de estas zonas producto de transferencias y subvenciones, PNV y CiU pueden mantener su táctica de garantizar la estabilidad, una condición necesaria para alimentar el crecimiento. Pero este pacto estará sometido a muchas pruebas en el futuro.
La cuestión nacional sigue siendo un talón de Aquiles para la burguesía española, incapaz durante décadas de resolver este problema, que se hunde en las contradicciones y debilidades del desarrollo capitalista en el Estado español. Las tendencias centrífugas se han fortalecido en los últimos veinte años. En Euskadi el problema nacional, lejos de haberse resuelto, se ha convertido en una gangrena para el sistema.
Debemos volver a recordar la responsabilidad de la burguesía durante cuarenta años en la represión sistemática de los derechos democráticos nacionales del pueblo vasco. Esta represión, creó las condiciones para que el movimiento contra la dictadura en los años 70 alcanzara en el País Vasco niveles impresionantes. Enton-ces la cuestión de clase predominaba sobre el aspecto nacional. ETA sufrió importantes escisiones que demostraban que no era inmune al movimiento de la clase obrera.
En aquel período quedó de manifiesto que el problema nacional sólo podría ser resuelto en el marco de la lucha por el socialismo Sólo la revolución, la toma del poder por parte del proletariado barriendo definitivamente a los burgueses y con ellos a todo el aparato militar y jurídico del régimen, junto con la expropiación de los sectores fundamentales de la economía, establecería nuevas condiciones para las relaciones entre los pueblos de la península ibérica.
Una vez más el abandono de un punto de vista de clase en la cuestión nacional fue la consecuencia inevitable de la renuncia por parte de la dirección del  PSOE y del PCE a transformar la sociedad.
La frustración de miles de jóvenes, de trabajadores y especialmente de un amplio sector de la pequeña burguesía encontró un vehículo de expresión en el nacionalismo radical. Los abertzales que habían sobrevivido después de agudas crisis al período de la transición se convirtieron en una fuerza de masas.
Con la llegada del PP al gobierno la cuestión nacional en Euskadi ha sufrido una nueva agudización.
En la última etapa de la anterior legislatura del PSOE se destapó con toda su crudeza las prácticas de terrorismo de Estado. Los dirigentes renovadores que habían capitulado ante las presiones de la burguesía en todos los terrenos aceptaron participar y encubrir las tramas del terrorismo negro sin protestar. El terrorismo de Estado no fue una invención de Felipe González ni del aparato de Ferraz. Siempre existió desde la caída de la dictadura bajo los diferentes gobiernos de la UCD, y siempre existirá bajo el régimen capitalista. Pensar en un funcionamiento democrático del aparato del Estado es abandonar precisamente un punto de vista de clase. El Estado es un instrumento de dominación y violencia de la clase dominante sobre el resto de la sociedad.
Tanto el ejército como la policía, la judicatura y las cárceles sirven intereses de clases. En el Estado español la transición dejó intacto el aparato de la dictadura, especialmente en lo referente a los estados mayores del ejército, la guardia civil y la policía, los servicios secretos y la magistratura. Este aparato conectado por miles de intereses con la burguesía sigue gozando de absoluta impunidad. Ellos organizaron las tramas del terrorismo de Estado con el respaldo de la clase dominante y los diferentes gobiernos democráticos; terrorismo de Estado, utilizado ayer contra los activistas etarras y que mañana emplearán contra el conjunto del movimiento obrero, sus líderes más reconocidos y sus organizaciones.
Lo cierto es que tras años de investigaciones, implicaciones, pruebas evidentes y escándalos políticos, la trama de los GAL sigue sin ser juzgada. Tan solo el general Galindo, y dos de sus mercenarios permanecen en la cárcel. Es muy poco probable que los tribunales vayan más lejos. Están en juego los intereses estratégicos de la clase dominante. La burocracia del PP que explotó demagógicamente el caso GAL para desprestigiar al PSOE, tuvo que rectificar apresuradamente en el gobierno y aprobar una ley de secretos oficiales vergonzosa y antidemocrática que ampara legalmente la actuación de los servicios secretos y declara secreta la utilización de los fondos reservados, liberados de cualquier control por parte del parlamento.
El PP ha acentuado las medidas policiales y represivas en el País Vasco. La respuesta ha sido una radicalización mayor del mundo abertzale y un endurecimiento de la táctica terrorista de ETA.
Los métodos del terrorismo individual siguen manteniendo un importante apoyo especialmente entre la juventud vasca. Sin embargo, los atentados han cosechado justo lo contrario de lo que pretendían. Han reforzado a la derecha, han fortalecido al aparato represivo, han aislado a HB en Euskadi y fuera de Euskadi y han facilitado la labor de propaganda de la clase dominante a favor de la “unidad de España” y en contra del derecho de autodeterminación. Los métodos de ETA han demostrado ser un obstáculo en el proceso de toma de conciencia de la clase obrera y la juventud tanto en Euskadi como fuera de Euskadi.
Desde el punto de vista de su estrategia, ETA ha abandonado cualquier punto de vista socialista, abrazando el más estrecho de los nacionalismos. Su Alternativa Democrática no es más que un programa donde se justifica la “unidad nacional de todos los patriotas vascos” incapaz de dar solución a los problemas de los trabajadores y la juventud de Euskadi. Su dinámica militarista les ha llevado a cometer atentados y secuestros que han beneficiado en última instancia  a la derecha y a los sectores más reaccionarios del aparato del Estado.
Un punto de inflexión se ha producido con el asesinato del concejal del PP, Miguel Angel Blanco. La reacción popular contra este crimen ha significado un punto de inflexión. Cinco millones de personas se movilizaron, espontáneamente en muchos casos, durante casi una semana. No fue solamente fuera de Euskadi, en muchos pueblos y ciudades del País vasco el aislamiento de HB fue tremendo.
La fuerza de los trabajadores y la juventud se puso de manifiesto una vez más. Lo que no han conseguido décadas de represión, terrorismo de Estado, medidas policiales, lo logró la movilización de la población que se echó a la calle con un sano instinto de luchar contra los métodos de ETA.
“ETA escucha así se lucha”, fue un eslogan que expresaba muy bien el sentimiento de millones de personas. Los fascistas fueron expulsados de las manifestaciones cuando intentaban gritar a favor de la pena de muerte. El gobierno vasco hacía llamamientos desesperados para que sólo se siguiesen las movilizaciones convocadas por la mesa de Ajuria Enea; la burguesía estaba sorprendida por la respuesta y trató de canalizarla hacia su terreno. Los partidos obreros, en lugar de desmarcarse públicamente y defender un punto de vista de clase respaldaron acríticamente al gobierno del PP, incluso cuando éste intentó rentabilizar de la forma más bochornosa los acontecimientos, durante el festival de la plaza de las Ventas. Debido a la actitud de la izquierda esta movilización iba a servir al PP para justificar un incremento de las medidas represivas.
El gobierno ha logrado encarcelar a la Mesa Nacional de HB acusándoles de colaboración con banda armada por ceder sus espacios electorales para que ETA explicase su Alternativa Democrática.
Pero esto no va a resolver nada. En un flagrante ataque a la libertad de expresión, el PP pretende aprovechar el ambiente social que se ha generado para encarcelar a los dirigentes abertzales. Pero conseguirán únicamente provocar más radicalización en el ámbito de HB y un cierre de filas en torno a ETA. Es lo que siempre ocurre cuando la maquinaria represiva del Estado se pone en marcha.
Si HB ha sufrido divisiones internas y un sector de su militancia critica los métodos de ETA, la represión es el pegamento que suelda sus fisuras.
El crecimiento del paro, la desesperación y frustración de sectores de la juventud y el aumento de la represión reforzará esta espiral. Esta situación se prolongará mientras la clase obrera no ponga el sello en los acontecimientos. En el futuro un auge de la lucha de clases influirá en el seno de HB, propiciando sus divergencias internas y el proceso de diferenciación en líneas de clase.
Por otro lado la cuestión nacional y la represión del terrorismo etarra revelan las tendencias bonapartistas y reaccionarias de este gobierno. La escalada de ataques a las libertades y derechos democráticos en este último año ha sido una seña de identidad de la derecha.
Desde el proyecto de ley de secretos oficiales, que supone legalizar las prácticas terroristas de los servicios secretos, hasta el nombramiento de conocidos ultraderechistas para altos cargos de la judicatura, muestran el talante del nuevo gobierno.
Al calor de la lucha “antiterrorista” han decidido aprobar la famosa ley de videovigilancia y sobre todo modificar el Código Penal para recortar el derecho de expresión. Con el cambio del artículo 346 se establecen penas entre 10 y 20 años de cárcel para los autores de “estragos”, aquellos que “sin pertenecer a banda armada, causen destrozos en la vía pública, en edificios o en medios de transporte”. Este artículo podrá aplicarse, a cualquier trabajador, comité de empresa o sección sindical en lucha. También se puede penar con multas y cárcel a los que organicen contramanifestaciones y los que convoquen manifestaciones ilegales.
Toda esta batería de medidas que recortan las libertades democráticas subraya que la democracia no es un fin en sí mismo para la burguesía, que se prepara por otra parte para un período de endurecimiento de la lucha de clases, sacando brillo a sus métodos más salvajes y reaccionarios. El patético intento de imponer en todos los actos oficiales el himno nacional y el consecuente saludo, y la celebración militar de la Fiesta Nacional en el Paseo de la Castellana con toda la parafernalia militar del franquismo, son los últimos ejemplos de esta actitud.
La democracia parlamentaria es el medio preferible para la burguesía, siempre que garantice su propiedad  y su poder; es una forma de dominación más económica y útil. Cuando las formas democráticas entren en contradicción con sus intereses, la democracia será sacrificada.
La burguesía sabe perfectamente que para frenar al movimiento obrero no basta con la colaboración de los dirigentes sindicales. Más tarde o temprano el enfrentamiento adquirirá un carácter más abierto y transcendente y se prepara para ello. Este es el papel fundamental del aparato del Estado. Aunque se produzcan enfrentamientos entre diferentes sectores de la judicatura, es una obligación recordar que, si en ocasiones el aparato jurídico puede alcanzar una cierta autonomía, incluso para entrar temporalmente en contradicción con los intereses de la burguesía, el aparato del Estado en su conjunto y en los momentos decisivos está al servicio de la clase dominante.

 

La juventud

 

Tanto los políticos burgueses como los dirigentes socialistas no dejan de insistir en que estamos ante la generación más preparada de la historia de España. Qué duda cabe que las conquistas arrancadas en el terreno educativo han permitido unos niveles de escolarización desconocidos hasta hace diez años. Tampoco dudamos que el nivel de cualificación de esta juventud es mucho más elevado que la de la generación anterior. Pero detrás de estos hechos se esconde una contradicción dramática: la mitad de los tres millones y medio de desempleados son jóvenes menores de 30 años, y seis de cada diez trabajadores jóvenes siguen viviendo en la casa de sus padres. En otras palabras el sistema de la libre empresa es incapaz de aprovechar la preparación de la joven generación para desarrollar la sociedad. Un poso de amargura, rabia y resentimiento contra los responsables de esa situación sigue creciendo en el corazón de millones de jóvenes, que son obligados a soportar el paro forzoso y condiciones de explotación deplorables.
La burguesía está utilizando a la juventud como una ariete contra los sectores más veteranos en las fábricas a la hora de endurecer los ritmos de producción, ampliar la jornada y reducir costes salariales. Durante un cierto tiempo y debido al miedo al paro y el deseo de lograr independencia económica de la familia, muchos jóvenes han transigido y han aceptado condiciones de trabajo muy duras. Pero todo tiene su límite.
Esta situación de insatisfacción, de pérdida de confianza en el futuro, prepara grandes movimientos de lucha de la juventud.
Existe una polarización creciente en el seno de la juventud. Un sector amplio de los jóvenes, especialmente entre los universitarios, se había orientado al PP en el terreno electoral. Sin embargo otro sector giraba hacia la izquierda respaldando con su voto a IU como forma  de castigar la política del gobierno PSOE. La confusión todavía sigue siendo importante, en la medida que para miles de jóvenes la frontera entre derecha e izquierda está muy desdibujada. Por supuesto la actitud de las organizaciones obreras tradicionales, repele a muchos jóvenes que buscan honestamente una vía para luchar por su futuro.
Los jóvenes son un sector hipersensible a las injusticias y tras una aparente tranquilidad se está acumulando mucho material explosivo. La recuperación económica no esta ofreciendo ninguna ventaja a la juventud, incluso el fenómeno que se apreció durante el boom de los años ochenta __la incorporación de miles de jóvenes al aparato productivo__ en esta ocasión no se está produciendo. Esto creará una base objetiva para movimientos explosivos de la juventud incluso a un nivel superior al de años anteriores.

Hacia una profundización de la crisis del capitalismo

Aznar y el aparato político de la calle Génova han vendido en todo el mundo una imagen paradisíaca de la economía española que está muy lejos de ser real. El crecimiento económico puede mantenerse durante los próximos 18-20 meses pero a costa de profundizar los desequilibrios sociales.
La recuperación de la tasa de beneficios y de la actividad es importante, con una utilización de la capacidad productiva instalada que se ha elevado al 80%, pero no basta. Todas los días los voceros del PP culpan al crecimiento de los salarios de los riesgos inflacionistas, idea falsa hasta la médula. De todas maneras si las empresas marchan bien en su cuenta de resultados, y las expectativas es que pueden marchar mejor, después de años de sacrificios y topes salariales no sería improbable a corto plazo un incremento de las luchas económicas, especialmente si la patronal intenta en la negociación colectiva imponer subidas salariales por debajo del 2,1%.
Hace una década se dio una situación característica. El crecimiento económico se combinaba con una política restrictiva por parte del gobierno y topes salariales en los convenios. Durante 1986 y 1987 se produjo un movimiento de rechazo a nuevos convenios firmados por CCOO y UGT y se abrió una fase de indisciplina sindical con huelgas económicas muy duras. Aquel fenómeno fue simultaneo a luchas muy radicalizadas contra los procesos de reconversión en la industria, y el conflicto estudiantil que se prolongó por más de cuatro meses. Fue un período de dos años que culminó con la huelga general del 14 de diciembre. Todos los períodos tienen similitudes y diferencias. No queremos decir que viviremos la repetición de aquellos acontecimientos, pero se puede producir una reactivación de la lucha huelguística que rompa las pretensiones del gobierno. En todo caso, si la situación actual se mantuviese con las direcciones sindicales taponando las luchas por las mejoras salariales, sólo se estaría aplazando la reacción del movimiento.
Aznar y la burguesía pretenden aprovechar la coyuntura, el respaldo de sus socios parlamentarios y el oxígeno suministrado por las cúpulas CCOO y UGT para revalidar su mayoría. El debate sobre elecciones anticipadas se ha abierto y las razones para ello son obvias. La mayoría del PP es muy precaria para afrontar a medio plazo las intervenciones quirúrgicas que la economía necesita. Dicho en lengua romance, hay que recortar el gasto social y acometer las  “reformas estructurales” después de veinte años de “reformas estructurales” hechas con gobiernos de UCD y del PSOE.
El PP pretende garantizar la estabilidad política durante 1998 para beneficiarse del crecimiento económico y de todo el montaje propagandístico que se puede derivar de la firma de la UEM a principios de 1999, y adelantar las elecciones para conquistar una mayoría parlamentaria que hoy no tiene. Para la burguesía esto no es secundario. Su opción política sigue siendo muy débil para resistir las presiones del movimiento obrero cuando  la situación cambie.
 No obstante, hay que huir de una visión estática de los procesos. Los resultados de las últimas elecciones en Galicia que han proporcionado la mayoría absoluta al PP son muy significativos. Ya no estamos hablando de una derrota dulce del PSOE sino de una severa derrota. La ausencia de cualquier oposición seria por parte del PSOE a la política de Fraga durante los últimos cuatro años, unida a una campaña electoral donde el argumento más utilizado por el candidato socialista fue: “voy a gobernar en Galicia como gobernó Felipe González”, no logró movilizar a los trabajadores y la juventud. El BNG experimentó un crecimiento espectacular de su apoyo, sobre todo entre los nuevos votantes y trabajadores de izquierdas. Los resultados son también un indicador de la enorme polarización que hay en la sociedad. Pero sobre todo las elecciones gallegas han favorecido la posición de Aznar en el resto del Estado, y son un serio aviso a la dirección de derechas del PSOE.
Es sumamente difícil pronosticar el resultado de unas próximas elecciones generales; depende de muchos factores pero el PP no lo tendría ni mucho menos fácil. En las actuales circunstancias, sin oposición real, las intenciones de voto en la última encuesta realizada en el mes de febrero de 1998, el PP superaba en cuatro puntos al PSOE. Esta es una diferencia importante, que pone de manifiesto el fortalecimiento temporal de la posición del PP.
De todas formas las elecciones no resolverían los problemas de fondo. El capitalismo español es extremadamente débil frente a sus competidores y en un mundo donde la interpenetración económica ha  alcanzado un nivel extremo, una recesión económica va a tener enormes consecuencias en el plano social y político favoreciendo el cuestionamiento del capitalismo entre la clase obrera.
Los próximos años no serán de estabilidad para el capitalismo. Hablamos de un período de convulsiones que pueden afectar decisivamente a países claves como Rusia, China y Japón. Una recesión en la economía probablemente la más profunda desde la Segunda Guerra Mundial tendrá efectos en el movimiento obrero internacional, en su conciencia y en sus organizaciones. El Estado español no escapará a estos acontecimientos.
El marxismo rechaza una visión gradualista de la lucha de clases. Toda la experiencia del movimiento obrero es un ejemplo de cambios bruscos que marcan el avance de la historia, y estamos en la antesala de estos cambios. Es imposible precisar los ritmos, pero en última instancia son las condiciones materiales las que decidirán la respuesta de los trabajadores.
La tarea más importante para los que luchamos por el socialismo es el rearme político y la intervención activa en la lucha de clases ofreciendo una alternativa revolucionaria que dé una expresión consciente al movimiento de la clase obrera.

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