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Uno de los efectos de mayor trascendencia que ha provocado la crisis económica mundial es llevar el proceso de unificación europea a una situación crítica. La implantación del euro en 1999 se produjo en una fase de expansión de la economía y en un clima de optimismo de la clase dominante europea y mundial. En este contexto las contradicciones derivadas de la adopción de una moneda única en  distintos  países, con intereses económicos y políticos propios y en muchos casos divergentes, quedaron en un segundo plano. Sin embargo, cuando la crisis se ha hecho realidad, estas contradicciones han salido, abruptamente, a la superficie. A la profunda caída del PIB en 2009 (4% en la eurozona, acompañada de una caída en un 14,9% de la producción industrial) le siguió, en 2010, la llamada “crisis de la deuda soberana” de la que todavía no se ha salido y que amenaza a la propia existencia del euro.
A lo largo de 2010 se sucedieron acontecimientos que rememoraban las crisis financieras latinoamericanas de los años 80 y 90. El 2 de mayo la UE y el FMI salieron al rescate de Grecia con un fondo de 110.000 millones de euros en tres años, a condición de la imposición de un severo plan de ataque contra el nivel de vida de la mayoría de la población griega. Sin embargo, lejos de resolverse, inmediatamente después de esta medida, la crisis de la deuda amenazaba con saltar de Grecia a otros países de Europa sin que nadie lo pudiera detener. El 5 de mayo, la “prima de riesgo” que Portugal tenía que pagar por la colocación de deuda pública se multiplicaba por cuatro respecto al mes de marzo; en dos días la bolsa española perdía un 7,5%. La desconfianza de los inversores mundiales se proyectó sobre toda Europa, hasta el punto de que se cortaron los créditos interbancarios desde EEUU. Fue en este contexto, cercano al colapso financiero, cuando se aprobó, el 10 de mayo, el fondo de 750.000 millones de euros (de los cuales 250.000 millones son aportación del FMI) para afrontar eventuales situaciones de rescate de otros países.
La creación del fondo, que se presentó como un ejemplo de la “solidaridad europea”, estaba en realidad destinado al único fin de salvaguardar los intereses de la banca y está siendo costeado con un retroceso brutal del nivel de vida de los trabajadores de toda Europa, a través de draconianos planes de ajuste. Respecto a la eficacia del fondo de rescate los hechos hablan por sí mismos: el año 2010 se ha cerrado con un nuevo rescate de 85.000 millones de euros para Irlanda, y con la incertidumbre sobre un posible “contagio”, en 2011, a Portugal, el Estado español, Italia y Bélgica.


La crisis de la deuda desestabiliza Europa

 

Aunque la crisis de la deuda afecta a toda la zona euro se ha expresado más agudamente y en primer lugar en los países más débiles. La implantación de la moneda única facilitó, en la última década, el flujo de inversiones desde los países fuertes a los países débiles. El hecho de que Grecia, el Estado español, Irlanda o Portugal fueran economías en las que operaba el euro, en vez de monedas nacionales tendentes a la devaluación, fue un estímulo para aumentar las inversiones y los préstamos a estos países. Este proceso ha sido uno de los factores que alimentaron las burbujas inmobiliarias en distintos países (especialmente en el Estado español e Irlanda), y en general, disimularon los problemas derivados de la baja productividad de los países periféricos. Sin embargo, con la irrupción de la crisis mundial, la debilidad histórica de estas economías salió otra vez a la superficie, agravada por el estallido de dicha burbuja y la imposibilidad de devaluar sus monedas para, de esta manera, hacer más competitivas sus exportaciones. Las consecuencias han sido un agravamiento brusco del problema de la deuda privada y pública —acumulada durante todo el periodo de boom—, un crecimiento vertiginoso del déficit y situaciones de eventual bancarrota.
Situándose al borde del precipicio, estas economías fueron y están siendo pasto de los movimientos especulativos, sobre todo (aunque no exclusivamente) empujando hacia arriba los tipos de interés que los países atacados se ven obligados a ofrecer para poder financiarse colocando sus títulos de deuda pública. En la medida que la situación es similar en todos los países más atrasados económicamente, la crisis amenaza con propagarse rápidamente; pero es que además, el problema se amplifica por dos razones: la profunda interconexión financiera que existe entre los países más fuertes y los periféricos, y porque el problema de la deuda también está instalado en los primeros, factores ambos que inciden en la desestabilización de la zona euro como un todo.
Según un reciente informe del Banco Internacional de Pagos (BIS), los países llamados “PIGS” (Portugal, Irlanda, Grecia y España) acumulan una deuda externa, tanto pública como privada, de 2,281 billones de dólares. El país con mayor implicación en la deuda de estas cuatro naciones es Alemania, con 513.000 millones de dólares, le sigue Francia con 410.000 millones, Reino Unido con 370.000 millones y Estados Unidos, con 353.000 millones. Si la economía española entrara en una situación de impago tendría efectos devastadores para el euro y para toda la economía mundial, cualitativamente distintos a los que está teniendo el colapso griego e irlandés. El Estado español representa el 43,5% del total de la deuda de los PIGS. En realidad la crisis inmobiliaria y su correspondiente agujero en la banca es también un problema de Alemania y Francia ya que estos países detentan un porcentaje importante de los préstamos concedidos a las entidades financieras españolas, que ascienden a 770.000 millones de euros, siete veces más que los préstamos a la banca griega. De ahí que esta perspectiva sea vista con pánico por las grandes potencias europeas y por los propios EEUU, que intentan a toda costa evitar la caída de la cuarta economía de la zona euro.
Por otro lado, la enfermedad de la deuda afecta también al país acreedor más importante, Alemania. Su presupuesto federal soportó un déficit sin precedentes, superior a los 50.000 millones de euros en 2010. Sólo el pago de intereses por la deuda pública consumió más del 10% del presupuesto. Aparte, la deuda del sector privado alemán superó los 1,7 billones de euros, alrededor del 80% del PIB. El propio FMI advertía, en octubre de 2010, que uno de los focos de potenciales problemas en las finanzas europeas, junto con Irlanda y las cajas españolas, son los bancos regionales alemanes. Así, aunque es normal que la enfermedad se manifieste en primer lugar en los países económicamente más débiles, los problemas derivados del alto endeudamiento son generales, y la sombra que proyectarán sobre el futuro de la zona euro afectará a todos los países durante un periodo largo.


El rescate permanente

 

En realidad, aunque formalmente sólo se ha rescatado a Grecia e Irlanda, se podría decir que el Banco Central Europeo (BCE) está practicando una política de rescate permanente, concediendo préstamos al 1% a la banca privada y comprando deuda pública. Desde que el BCE emprendió el programa de adquisición de deuda soberana, el 10 de mayo de 2010, se ha gastado 73.500 millones de euros. El grueso se produjo en las primeras tres semanas del lanzamiento del plan y la idea del BCE era reducir progresivamente su intervención en la medida que la situación se estabilizara. Sin embargo, el recrudecimiento de las tensiones en la zona euro ha hecho que vuelva a intensificarse su intervención. Sólo en la segunda semana de diciembre, en plena crisis irlandesa, adquirió 2.667 millones de euros de deuda pública, la mayor operación de compra desde el mes de junio. A mediados de diciembre, el consejo de gobierno del BCE tomó la decisión de casi duplicar su capital (pasando de 5.760 millones a 10.000 millones de euros), el mayor incremento en sus 12 años de existencia y prorrogar a los bancos comerciales de la zona euro toda la liquidez necesaria hasta abril del 2011, manteniendo los tipos al 1%. La política monetaria de inyección continua de liquidez al sistema puede acabar provocando inflación, por lo que ya hay voces que advierten, sobre todo desde Alemania, de que hay que cerrar el grifo. El momento en que se tome esa decisión abrirá una nueva fase crítica pues tanto las entidades bancarias como los estados han tenido que recurrir a la política expansiva del Banco Central Europeo para no recaer en situaciones de quiebra.
La creación del fondo de 750.000 millones de euros y la actuación del BCE se produjeron en un contexto de máxima tensión financiera en la Unión Europea, que bordeaba el colapso. Ni Alemania, que fue renuente a adoptar esta medida, ni en general la burguesía europea, la consideraron como una solución definitiva sino, como planteó Merkel, una forma de “comprar tiempo” con el objetivo de crear las condiciones políticas para justificar el lanzamiento de un plan de ataque profundo y generalizado a la clase obrera europea.
Sin embargo, incluso como balón de oxígeno, la creación del fondo se ha revelado extremadamente endeble, provocando nuevas complicaciones. Ni ha evitado el incremento del coste de financiación de la deuda de los países periféricos (la prima de riesgo de los bonos portugueses respecto a los alemanas alcanzó los 400 puntos básicos en la primera semana de enero, mientras que la española se encuentra en los 265 puntos, la cota más alta desde el 30 de noviembre, cuando tocó a su techo histórico de los 300 puntos, al calor de la crisis irlandesa), ni ha evitado la perspectiva de nuevas situaciones de quiebra, como la que se produjo en Irlanda, o la posibilidad cada vez más cercana de un rescate de Portugal. Las dudas sobre la capacidad de devolución de la deuda portuguesa tienen un efecto sobre la economía española ya que esta última está en posesión del 33% de la deuda pública y privada portuguesa (más de 80.000 millones de euros).


La cumbre europea de diciembre

 

En esta situación de tensión, que tiene ya un carácter crónico, se produjo la cumbre europea del 16 y 17 de diciembre. La única medida aprobada fue la creación de un fondo de rescate permanente, llamado Mecanismo Europeo de Estabilización (MEDE) que sustituirá al actual fondo temporal existente desde el mes de mayo. El MEDE entraría en vigor en junio de 2013, previa reforma del Tratado de Lisboa, al que se añadiría el siguiente párrafo: “Los estados miembros, cuya moneda es el euro podrán establecer un mecanismo de estabilidad que será activado si fuera indispensable para salvaguardar la estabilidad de la zona euro en su conjunto. La concesión de cualquier ayuda financiera bajo este mecanismo estará sujeta a estrictas condiciones” (el subrayado es nuestro).  Teóricamente el MEDE dotaría a la UE de un mecanismo más sólido de ayuda financiera a países en situación crítica. Dos años y medio es mucho tiempo en las actuales condiciones de inestabilidad económica y política; cuando llegue la hora de la verdad veremos qué posición adoptan los países claves de la UE, de momento nada se sabe de la dotación que tendrá.  En relación al fondo de rescate ya existente se decidió “garantizar la disponibilidad de un apoyo financiero adecuado” a todos los países que lo necesiten. A pesar de su supuesto carácter “ilimitado”, Alemania se ha negado en rotundo a ampliar su dotación, que era lo que estaba exigiendo a Europa el FMI. La ampliación será un debate inevitable cuando se tenga que concretar la movilización de recursos, previsiblemente muy superiores a los utilizados hasta ahora, teniendo en cuenta que la lista de próximos países a rescatar se encuentran economías más grandes como la del Estado español e incluso la italiana.
En la cumbre y después de la misma, especialmente en sus discursos de fin de año, Merkel y Sarkozy han acentuado su discurso europeísta y su disposición a defender el euro. Han querido así atenuar las crecientes especulaciones de los mercados sobre la perspectiva de ruptura de la moneda única. Eso refleja un cierto cambio de matiz en el lenguaje, ya que durante todo el año 2010 fueron abundantes las amenazas de Merkel de expulsión de la zona euro de aquellos países que no redujesen drásticamente sus desequilibrios fiscales.
Esta suavización en el lenguaje no niega que subsistan graves tensiones de fondo en la Unión Europea, que a corto plazo se están manifestando de forma más aguda entre Alemania y los países más débiles de la zona euro. La participación de la burguesía alemana en el proyecto europeo nunca ha sido y no será altruista. Su disposición a mantener la actual configuración de la zona euro está supeditada a seguir teniendo la supremacía sobre la misma, con un euro estable y bajo su control. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, en su artículo publicado por La Vanguardia (3/01/2011) “Controlar la enorme deuda de Europa”, señalaba de forma bastante clarificadora los perfiles del “europeísmo” alemán: “La Unión Monetaria Europea (UME) no se diseñó para ser una panacea para los miembros de la eurozona ni para servir de modelo millonario a los especuladores financieros. Tampoco es su finalidad ser un sistema de redistribución de los países ricos a los más pobres mediante créditos más baratos para los gobiernos en la forma de eurobonos comunes o trasferencias fiscales sin restricciones. La unión monetaria no tendrá éxito si algunos países tienen repetidamente déficits y debilitan su competitividad a expensas de la estabilidad del euro. La UME se diseñó para incentivar las reformas estructurales. Se suponía que los miembros despilfarradores se verían obligados por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como por sus socios, a vivir según sus posibilidades y fortalecer así su competitividad (…). No podemos evitar la crisis de deuda soberana en Europa (…) mediante la acumulación de más deuda”.


La cuestión de los eurobonos

 

Efectivamente, otro de los debates abordados en esta cumbre ha sido el de la emisión de eurobonos, a lo que Merkel y Sarkozy se han opuesto con rotundidad. Esta medida, que sustituiría la emisión de deuda nacional, teóricamente permitiría mitigar el sobrecoste de financiación que están sufriendo los países más débiles del euro. El encarecimiento constante de la financiación, unido a la caída de la recaudación impositiva de los estados producto de los efectos depresivos en la actividad económica de los recortes, está llevando a los países periféricos de la zona euro a una espiral negativa, similar a lo que sucedió en los países latinoamericanos en el pasado, en los que el problema de la deuda se hizo crónico y los situó permanentemente al borde del impago. Sin embargo, una cosa es que Alemania y Francia estén dispuestas a rescatar países en crisis, de forma temporal, con el fin de garantizar que los bancos alemanes y franceses cobren y no quiebren, y otra cosa muy distinta es que estén dispuestos a compartir para siempre el sobrecoste que supondría la emisión de bonos europeos, cuando sus bonos nacionales se pueden costear a un precio más bajo. Como dijo Schäuble, ministro de finanzas alemán, “quien no tenga una economía sólida, paga más tasas de interés; quien gestiona su economía bien, paga menos por su deuda”. En realidad, la división en torno a los eurobonos es un exponente más de que siguen prevaleciendo los intereses nacionales sobre los intereses “europeos” y que esta tendencia se está exacerbando.
En un contexto de crecimiento económico y de confianza en una perspectiva de mayor integración económica y política de la zona euro, la emisión de eurobonos quizás sería una apuesta tolerable para los países fuertes; sin embargo, en una situación de gran incertidumbre sobre la economía, de grandes cambios en las relaciones mundiales y donde a medio y largo plazo la perspectiva de ruptura del euro sigue sin despejarse, los países fuertes no quieren hipotecar su futuro con los eurobonos (¿qué países se harían cargo de los eurobonos emitidos en caso de ruptura de la zona euro?), asumiendo riesgos de países sobre los que no tienen el control de su política económica y fiscal. De hecho, los países capitalistas dominantes quieren mantener bien definidas las fronteras de cada una de las deudas de los estados nacionales y, aunque hablan de combatir la especulación, dejan a los mercados la labor de “corrección” y “castigo”. Así que, las medidas de rescate no sólo no son eficaces contra la especulación sino que tienen en ella un complemento necesario para acelerar los planes de ajuste y de ataque contra los trabajadores. 1
La burguesía es perfectamente consciente de que la creación de fondos de rescate, por sí misma, sean temporales o permanentes, no son una solución a los problemas de la deuda. No sólo por el hecho de que un eventual rescate de países como España o Italia exigiría cantidades muy superiores a las hasta ahora reunidas, posiblemente inasumibles, sino porque han llevado a la creación de más deuda, como una pescadilla que se muerde la cola. Sólo en un contexto de crecimiento sólido y prolongado la deuda de los estados, de la banca, de las empresas y de las familias podría ir enjuagándose. Sin embargo, la tendencia es la contraria, sobre todo en las economías periféricas de Europa. Es verdad que la economía alemana cerrará 2010 con un crecimiento cercano al 4% (después de una caída del 5% en 2009) pero, debido a su gran exposición al mercado mundial, unido al debilitamiento de su mercado interno, no está nada claro que esta tendencia se vaya a consolidar. Grecia, después de sucesivos planes de ajuste, prevé cerrar 2010 con una caída del 4,2% del PIB, y para el 2011 el FMI prevé una contracción del 3%; el país registra una deuda del 130% de su PIB, mayor que hace un año, y hasta 2015 debe pagar una deuda de 140.000 millones de euros, a los que se añaden 90.000 millones de intereses. Es decir, que el problema de la deuda griega volverá a ser, tarde o temprano, un foco de tensión, y probablemente se tenga que poner en marcha un plan de reestructuración, es decir, de retraso en el pago de la deuda. En Irlanda los ajustes empezaron antes que en cualquier otro país, en verano de 2008.  Estamos viendo la misma espiral descendente que en Grecia, con una caída del PIB del 10% en 2010 y sin que pudiera evitar, finalmente, el plan de rescate, aprobado después de un nuevo y todavía más salvaje plan de ajuste. Las perspectivas para la economía irlandesa se pueden sintetizar en un dato de carácter social: 100.000 irlandeses, en un país con 4,5 millones de habitantes, han emigrado entre abril y diciembre de 2010. Se calcula que los índices de endeudamiento rozarán el 150% del PIB hasta 2016 y los mercados valoran la deuda irlandesa al mismo nivel que la paquistaní.
Sólo los desequilibrios del sistema financiero español podrían causar problemas todavía más graves que el caso griego e irlandés. El problema fundamental de la banca española es que los efectos de la crisis inmobiliaria todavía no se han expresado en toda su dimensión, tanto por el hecho de que los bancos están falseando los precios de las viviendas incorporadas en sus activos como porque el precio de la vivienda sigue sin haber tocado suelo. Según el Banco de España, 180.000 millones de préstamos al sector promotor y constructor son “potencialmente problemáticos” (El País, 5/12/10). Según un ejecutivo de una entidad extranjera, citado por el mismo periódico, “en España no se reconoce la verdadera caída del valor de los activos inmobiliarios, el mercado está poco activo por esta razón, mi entidad ha reconocido una depreciación del 50% de media del suelo y de activos promotores. Eso es lo realista y nuestros colegas españoles, con los que compartimos operaciones, no reconocen más allá del 20 o el 30% como máximo”. Aunque el problema de la deuda en el Estado español se concentre en el sector inmobiliario, la situación afecta a toda la economía: en apenas una década la deuda amasada por familias, empresas no financieras, bancos y el conjunto de la administración se duplicó, alcanzando la actual cifra de 3,9 billones de euros, equivalentes al 390% del PIB.
En general, la perspectiva para los países afectados o proclives a ser afectados por la crisis de la deuda es de contracción o parálisis económica para el 2011: en el Estado español La Caixa estima una contracción del -0,2% y Funcas del -0,4%; para Portugal el FMI prevé un decrecimiento del -1,4%. Italia cerrará 2010 con un crecimiento del 1% y se prevé que esta situación de semiparálisis se mantenga o empeore en 2011.
La burguesía europea es consciente de que los acreedores privados tendrán, tarde o temprano, que amoldarse a una situación distinta a la actual dinámica de endeudamiento-rescate-más endeudamiento. Habrá situaciones de impago que no podrán ser asistidas por más fondos, se trata de que cuando esta situación llegue sus efectos desestabilizadores sean lo más pequeños posible. En ese sentido, Alemania está impulsando la creación de mecanismos que permitan efectuar quiebras controladas de estados, entre ellos, la llamada “cláusula de acción colectiva” que deberá figurar en todas las emisiones de deuda a partir de 2013, cuando se ponga en marcha el Mecanismo Europeo de Estabilización. Esta cláusula obligaría a los acreedores a renunciar a parte de sus exigencias, aceptando un aplazamiento de los pagos de la deuda o incluso un recorte de los tipos de interés si el país emisor entra en quiebra. Aunque esta propuesta fue presentada como una acción “valiente” de Merkel contra los tiburones del mercado, más bien orienta a estos tiburones hacia determinadas presas. En realidad es una forma de decir que Alemania no se va a corresponsabilizar más de eventuales impagos de los países deudores, lo que encarecerá todavía más la “prima de riesgo” de los mismos. Así, se seguirá utilizando el látigo de la especulación para forzar la aceleración de los planes de recortes y como señala el diario económico Cinco Días (15/12/10) “para que los inversores que se acerquen al estanco de la deuda pública se fíen más de una etiqueta escrita en alemán, holandés o francés que de otra en griego, portugués o español”.


El factor alemán

 

Detrás de la crisis de la deuda de los países periféricos subyacen los desequilibrios comerciales dentro de la Unión Europea, con países que acumulan superávit, sobre todo Alemania, y otros que acumulan déficits. Estos desequilibrios han sido objeto de amargas quejas por parte de gobiernos de otros países europeos, incluyendo a Francia. Exigen a Alemania que utilice su superávit comercial para fomentar su consumo interno y así, contribuir al reequilibrio de la economía europea alimentando las exportaciones de los demás países hacia Alemania.
Sin embargo, la ruta estratégica que se ha marcado Alemania pasa por fortalecer sus exportaciones y toda su política económica, desde hace años, ha tenido esta orientación. Las exportaciones alemanas han pasado del 20% del PIB en 1990 al 47% en 2010. La clave de su economía es el sector exterior, que ha ido ganando en importancia sobre el mercado interno. Entre 2004 y 2007 el saldo neto de las exportaciones alemanas (restadas las importaciones) representaba el 60% de su crecimiento económico. Desde la entrada en vigor del euro el superávit exterior alemán se ha multiplicado por cinco y el 66,6% de sus exportaciones han ido a la Unión Europa (más del 40% a la zona euro).
Realmente, este empuje externo ha sido a costa del bienestar de la mayoría de la población alemana. La burguesía alemana fue una de las pioneras en aumentar la competitividad de sus productos a costa de los salarios de sus trabajadores y del recorte de los gastos sociales. De hecho, el gasto social ha pasado del 50% del PNB en 1990 al 44% en 2010. Los impuestos y las cotizaciones sociales eran del 39,3% del PIB ya en 2006, cuando la media de la UE-27 era del 39,9%. El salario medio real de los trabajadores alemanes ha caído un 9% en los últimos 10 años. El coste unitario de la mano de obra aumentó 7 veces más en Francia, y entre 9 y 11 veces más en el Estado español, Portugal e Italia, permitiendo que los productos alemanes fueran más baratos. Según un informe de la Unión Europea, desde mediados de los años 90 Alemania ha ganado entre un 30 y un 40% en ventajas de costes frente a Italia y el Estado español, y más del 20% respecto a Francia. Ahora con la crisis económica Alemania no va a renunciar a esta ventaja.
Es verdad que desde el punto de vista del funcionamiento general del capitalismo una política de ajuste severo incide en un menor consumo y dificulta el crecimiento (aunque también es cierto que una mayor relajación en el gasto y en el déficit trae problemas, como estamos viendo precisamente con la crisis de la deuda; se trata de una contradicción irresoluble del capitalismo); aún así, esta opción, dentro de los efectos secundarios negativos que tiene cualquier política monetaria, es la que mejor se amolda a los intereses estratégicos de Alemania. La economía alemana es la que tiene más margen para compensar la caída de la demanda de la zona euro orientando sus exportaciones hacia fuera de dicha área económica y la que está en mejores condiciones que otros países de sostener una moneda estable (lo cual es un atractivo para la inversión y para mantener el poder de compra de mercancías extranjeras) y a la vez ganar competitividad.


¿Es posible la ruptura del euro?

 

Se repite mucho en la prensa burguesa la idea de que “Europa se ha construido a base de crisis” para dar a entender que saldrá fortalecida también de ésta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los avances en el proceso de unificación europeo en el último medio siglo se produjeron en un contexto de crecimiento y optimismo generalizado en el futuro. Todo esto ha cambiado radicalmente con la crisis mundial. El proceso de ha quedado a medio camino y ahora, tanto la vuelta atrás como el avance hacia un “gobierno del euro”, en forma de un dominio más descarado de la burguesía alemana, en su condición de potencia económica, de gran prestamista de la eurozona y garante del euro, no estará exento de enormes tensiones nacionales y de instabilidad social y política en cada uno de los países.
Es muy significativo que, en el apogeo de la crisis del euro no se haya tomado ninguna medida efectiva hacia una unidad  presupuestaria y fiscal en la zona euro, que todos los expertos reconocen como el “fallo” de la moneda única. En la cumbre de diciembre decidieron “acelerar los trabajos” para forjar el gobierno económico de la UE a finales de junio de 2011, pero se ha limitado a fortalecer los mecanismos de ajuste. El citado ministro de finanzas alemán, Schäuble, da un cuadro de lo que pretenden con la gobernanza económica: “Las sanciones para los países de la eurozona que infringen seriamente las reglas de la UME deben tener efecto mucho más rápidamente y con menos discrecionalidad política y deben ser más severas. Alemania y Francia han propuesto medidas de crédito y gasto más severas, respaldadas por duras sanciones semiautomáticas a los gobiernos que no las cumplan. Se deben congelar los fondos de la UE y suspender los derechos de voto de los países que repetidamente hacen caso omiso de las recomendaciones de reducir sus excesivos déficits y de los que manipulen las estadísticas oficiales”. Es decir, que la gobernanza europea consistirá en que el palo va a ser más gordo y que será manejado exclusivamente por el capitalismo alemán y francés. Tratan de enmendar el incumplimiento generalizado, empezando por Alemania y Francia en su momento, del Plan de Estabilización y Crecimiento, ya veremos qué grado de éxito tendrán en este empeño y qué coste
La propia viabilidad del euro está más en cuestión que nunca. A pesar de que la ruptura de euro tendría un coste tremendo, no sólo económico sino político, The Economist, en su edición del 3 de diciembre titulada “No matéis al euro”, señalaba que esta perspectiva “no es impensable” y recuerda que “la historia financiera está plagada de sucesos que pasaron a ser de impensables a inevitables de la noche a la mañana. Gran Bretaña abandonó el patrón oro en 1931. Argentina abandonó su paridad con el dólar en enero de 2002”. Por supuesto la ruptura del euro es una posibilidad que causa escalofríos a la burguesía: “Cualquier insinuación de que un país débil está a punto de abandonar al euro provocaría una retirada masiva de los depósitos, lo que debilitaría aún más a unos bancos ya con problemas (…) Los países salientes quedarían marginados de las finanzas internacionales tal vez durante años, lo que agravaría la carencia de fondos de sus economías”. Si quien abandonara el euro fuera Alemania la cosa no sería muy distinta, sigue esta revista económica; “de nuevo, habría retiradas masivas de depósitos en Europa cuando los depositantes quisieran huir de los país más débiles (…) Aun cuando los bancos alemanes ganaran depósitos, sus importantes activos en la eurozona quedarían devaluados: recordemos que Alemania es el principal acreedor del sistema. Por último, los exportadores alemanes, que han sido los principales beneficiarios de la mayor estabilidad de la moneda única, protestarían al verse una vez más atados a un marco alemán en rápida reevaluación”.
 Hay una pugna constante entre factores que empujan a mantener la unidad europea y otros que empujan a su desintegración. Como hemos visto, los desequilibrios comerciales, el problema de la deuda, los diferentes intereses geoestratégicos y las propias presiones políticas internas suministran la base objetiva por la que, en un contexto de crisis profunda, se alimente todo tipo de tensiones entre los distintos estados capitalistas de la UE, así como de tendencias centrífugas. No obstante, debido a la debilidad de cada una de estas economías para hacer frente al mercado mundial por separado y las ventajas, que también existen, de una moneda única para el comercio intereuropeo, las tendencias a mantener la unidad son las que han prevalecido hasta ahora. También es cierto que el euro es la segunda moneda de reserva mundial con el 27% de las mismas, frente al 62% en dólares y el 4% y 3% en libras británicas y yenes respectivamente. Como señala Le Monde (26/11/10): “Esto suma mucha gente interesada en que la moneda única vaya bien. A día de hoy, ningún fondo soberano o privado asiático se ha desprendido de sus posiciones en euros, el Asia emergente cree en el euro”. El gobierno chino ha empezado 2011 con una gira europea para aumentar sus inversiones en el continente y su compra de deuda (está dispuesta a comprar alrededor de 6.000 millones de euros de deuda española, y ya detenta cerca del 20% de la misma en manos de inversores extranjeros) e inversiones europeas. A China le preocupa mucho la estabilidad de Europa, ya que es el principal destino de sus exportaciones.
Aunque la cuestión del futuro Europa y del euro es un tema clave en las perspectivas y los trabajadores no deben ser pillados por sorpresa, desde el punto de vista de los intereses de la clase obrera el programa no puede ser “euro sí” o “euro no”, alineándose con un sector u otro de la burguesía europea. Dentro o fuera del euro los capitalistas necesitan atacar a los trabajadores, y lo están haciendo. La salida de la zona euro no significa que puedas aislarte de la crisis capitalista o de la competencia del mercado mundial. Mientras el Estado español, Grecia, Alemania o cualquier otro país siga siendo capitalista la burguesía intentará descargar sobre los hombros de los trabajadores el peso de la crisis, y los problemas para la mayoría de la población seguirán siendo fundamentalmente los mismos. La auténtica disyuntiva es capitalismo o socialismo y esta lucha sólo es posible, hoy más que nunca, con la unidad de la clase obrera de toda Europa en una lucha común contra la burguesía de todos los países. La única unidad europea posible y próspera posible es la Federación Socialista de Europa.


Arrecia la confrontación social

 

El inicio de la aplicación de los planes de ajuste ha tenido un profundo impacto en la conciencia de los trabajadores europeos, que han protagonizado movilizaciones que, en el caso de Francia y Grecia, han alcanzado el grado de auténticas rebeliones sociales. Pero las movilizaciones han abarcado prácticamente a todos los países y han estado acompañadas de un profundo descrédito de los gobiernos. Nunca en las últimas tres décadas, el cuestionamiento del sistema capitalista ha sido tan grande y el malestar social tan general.
El eurobarómetro (encuesta oficial de la Comisión Europea) publicado en julio de 2010, centrado en el impacto de la crisis en las familias, es muy ilustrativo de los retrocesos sociales que se están viviendo en el continente y de cómo son percibidos. Uno de cada tres europeos siente temor a no llegar a fin de mes, no poder afrontar los gastos básicos y a perder el empleo. El 73% teme que se tengan que jubilar más tarde o con una pensión peor de la que esperaban. El 60% piensa que la pobreza aumentó en su país en el último año (85% en Grecia, 83% en Francia, 75% en Italia). 80 millones de europeos viven en el umbral de pobreza y el 8% de la población tiene un empleo que no le permite salir de la pobreza. Según la OCDE, el 60% de los trabajadores europeos que trabajan lo hacen con contratos precarios y sin prestaciones sociales.
La crisis económica y sus efectos sociales lejos de haber significado una parálisis del movimiento obrero, han supuesto un recrudecimiento claro de la lucha de clases. A pesar de la política de colaboración y el papel de freno de las direcciones sindicales y políticas de la izquierda reformista, la clase obrera está dando muestras incuestionables de capacidad de lucha y de una importante radicalización política. Esta situación no cae del cielo sino que viene gestándose durante un largo periodo. Incluso en el periodo de boom económico, a pesar de todas las dificultades objetivas y la ausencia de una dirección marxista, ya habíamos asistido a una década de movilizaciones, manifestaciones, huelgas parciales y generales en prácticamente todos los países europeos. Estos acontecimientos forman parte de un proceso continental que, empezando por Italia con una impresionante huelga general en abril de 2002 (doce millones de trabajadores secundándola y tres millones de manifestantes) contra el entonces recién elegido primer gobierno de Berlusconi, tuvo continuidad, de una forma u otra, en una cantidad importante de países. En el Estado español en 2002 vivimos una huelga general contra el gobierno de la derecha seguido por el movimiento de masas contra la guerra de Iraq y que terminó, un año después, con la caída del gobierno de Aznar. En Francia el movimiento empieza antes, en 1995, y luego tiene numerosos momentos álgidos, como la lucha contra el Contrato de Primer Empleo (CPE) en 2006. En Portugal, Bélgica, Suiza, Grecia, Dinamarca, Austria, Irlanda e incluso en los países del Este se han producido sacudidas sociales de gran trascendencia y cuyo significado es el inicio del despertar de la clase obrera después de un letargo relativamente largo, y de una creciente polarización social y política, que en el caso de Alemania, Grecia y Portugal se ha expresado en surgimiento o crecimiento de alternativas a la izquierda de la socialdemocracia que expresan el descontento con el sistema. También durante este periodo, la percepción de la Unión Europea como un factor de progreso social se ha ido disipando, lo que se puso de relieve en el referéndum del 2005 sobre la constitución europea en el que el No obtuvo un 55% en Francia y un 62% en Holanda; en junio del 2008 Irlanda rechazaba, con el 53% de los votos, el Tratado de Lisboa.
Aparentemente, las importantes luchas obreras de estos últimos años, que también se han traducido en la conciencia de amplios sectores de la clase obrera en una crítica creciente al capitalismo, son contradictorios con la existencia de gobiernos de derechas en la mayoría de los países de Europa. Pero estas victorias electorales de la derecha no se explican por un ambiente de reacción en la clase obrera, sino por la crisis de los dirigentes reformistas, que después de años y años de aplicar una política económica similar a la de la derecha, y de defraudar y dilapidar en numerosas ocasiones grandes expectativas de cambio, tienen muchas más dificultades que en otros periodos históricos para movilizar a la clase obrera en el terreno electoral. El factor decisivo, por tanto, no ha sido un aumento sustancial del apoyo electoral de la derecha, y menos aún su capacidad de generar ilusión en el sistema. Eso no quiere decir que podamos menospreciar los efectos políticos perniciosos del reformismo en la medida que introduce confusión en las filas de la clase obrera y retrasa, dificulta y debilita su capacidad de respuesta.
La privatización masiva de sectores estratégicos, el empobrecimiento de amplias capas de la población, el notable rechazo hacia la política oficial, son elementos de la realidad social y política europea muy similares a los que precedieron en América Latina el tremendo giro político hacia la izquierda en la última década. La crisis económica y el endurecimiento de los ataques a partir del 2010 han supuesto una vuelta de tuerca en este proceso.

 

Grecia, el eslabón más débil marca el camino

 

Grecia fue el primer país en el que la lucha alcanzó el grado de rebelión social. Los 5 años de gobiernos de la derecha (Nueva Democracia, ND) estuvieron marcados por ataques a los trabajadores y una incesante conflictividad social. Fue ese tremendo auge de la lucha, y el odio generalizado a la derecha, lo que explica que en las elecciones del 4 de octubre de 2009 más del 56% de los votos fueran a la izquierda, y el PASOK (44%) se hiciera con el gobierno por mayoría absoluta. Sin embargo, después de una sucesión de rebajas de la calificación de la deuda helena, iniciadas el 7 de diciembre de 2009, casi sin solución de continuidad y espoleado por la presión de los capitalistas, el gobierno orientó todas sus energías a enfrentarse con su base social, anunciando el primero de una serie de planes de ajuste.
Los hechos sucedieron a una velocidad vertiginosa, una de las características del panorama europeo en los últimos meses, en el que los ritmos de los acontecimientos políticos están muy determinados por las sacudidas en el terreno económico, especialmente el financiero. Una rasgo sobresaliente del movimiento desencadenado en Grecia fue que, a pesar de la mayoría contundente de la socialdemocracia en el terreno electoral, en menos de dos meses, el 17 de diciembre, se encontraba con el inicio de una respuesta en la calle, igualmente contundente; un reflejo del nuevo periodo en el que ha entrado Europa y que está vinculado al prolongado y acumulado desgaste del reformismo de las últimas décadas.
De hecho, es sintomático de la tensión social existente el que la dirección del principal sindicato del sector público, ADEDY, que se negó a secundar la huelga del 17 de diciembre (convocada en solitario por el PAME, fracción sindical del KKE) amparándose en el discurso de que era necesario dar un margen de maniobra al reciente gobierno y haciéndose eco del llamamiento de Papandreu de conseguir “un nuevo pacto social” para conseguir que el país “no se hunda”, menos de un mes después tuviera que convocar una huelga en el sector público para el 10 de febrero de 2010 y, posteriormente, una huelga general el 24 del mismo mes, junto al otro gran sindicato griego GSEE, que agrupa a los trabajadores del sector privado. Tanto la dirección de ADEDY como la de GSEE tienen vínculos directos con el PASOK.
La respuesta del gobierno a estas dos huelgas, que tuvieron un seguimiento muy amplio, fue anunciar, el 3 de marzo, un nuevo y durísimo plan de ajuste, de aprobación inmediata, para “salvar el país”. La indignación social se propagó como la pólvora. Las movilizaciones se sucedieron de forma inmediata y en una línea claramente ascendente. Ese mismo día se manifestaron los jubilados y el KKE llamaba a no respetar las medidas impuestas por el gobierno y a salir a la calle. El día 4 los principales sindicatos convocaron una manifestación en Atenas a la misma hora en que se aprobaba el plan de ajuste. Pero lo más sintomático del ambiente explosivo que se vivió estos días es que los dirigentes sindicales se tuvieron que reunir esa misma tarde y hacer pública la convocatoria para el día siguiente de una nueva huelga general. A lo largo de todo el mes de marzo se sucedieron huelgas sectoriales, manifestaciones y protestas de forma ininterrumpida, reforzando el clima de movilización general.
Todo este movimiento culminó el 5 de mayo con una nueva huelga general masiva, celebrada tras el acuerdo al que llegó el gobierno griego con la UE y el FMI, el 2 de mayo, para recibir un préstamo de 110.000 millones de euros en tres años a cambio de un nuevo paquete de recortes y ataques a los derechos conquistados: 30.000 millones de euros menos en los presupuestos, un salvaje incremento de los impuestos indirectos, congelación durante tres años de salario de los funcionarios que, junto con la eliminación de la pagas extras y los complementos significa una disminución efectiva del salario del 30%, privatizaciones y el inicio de una reforma de las pensiones y del mercado laboral.
Esta huelga general fue un éxito histórico con manifestaciones masivas en todo el país y la parálisis total de la actividad económica. En Atenas alrededor de 200.000 personas terminaron la protesta frente al parlamento al grito de “ladrones y mentirosos”, revelando hasta qué punto se había desplomado la autoridad de las instituciones capitalistas ante la mayoría de la población. Además de la dureza de las medidas en sí mismas, éstas revelaban que el auténtico gobierno no era el elegido por las urnas sino el poder financiero materializado en las decisiones de la UE y el FMI. Así, tanto el día 5, como en las manifestaciones del 1º de Mayo se gritó: “Fuera la Junta del FMI”, en referencia a la dictadura militar que gobernó Grecia de 1967 a 1974.
A pesar de esta tremenda movilización el parlamento despreciaba las reivindicaciones de los trabajadores aprobando el plan de ajuste al día siguiente, mientras en el exterior del edificio miles de griegos volvían a concentrarse para rechazarlo. Ésta es la verdadera cara de la democracia burguesa, mientras la inmensa mayoría de la población dice `no´ a estos ataques, los señores parlamentarios votan lo contrario. Sin embargo, esta decisión no significaba ni mucho menos el fin de la lucha. De hecho, el 10 de mayo se anunciaron los ejes definitivos de la reforma del sistema de pensiones que se aprobaría en el parlamento en junio. La respuesta de los sindicatos fue la convocatoria de una nueva huelga general el 20 de mayo. Esta quinta huelga, aunque menor que la histórica y multitudinaria del 5 de mayo, prácticamente volvió a paralizar el país. El sábado 15 de mayo, convocada por el KKE, hubo una masiva manifestación de protesta frente al parlamento, en la que participaron 100.000 personas.
La clase obrera y la juventud griega habían demostrado un elevado nivel de conciencia y estar dispuestas a todo para defender unas condiciones de vida dignas. Tras seis meses de lucha sin cuartel, el movimiento se encontraba en un punto decisivo. La estrategia de cómo luchar y el programa a defender eran clave para hacer avanzar el movimiento. Por eso las organizaciones de la izquierda, los sindicatos de clase (GSEE, ADEDY, PAME) y el KKE especialmente, que han jugado un papel protagonista tenían una enorme responsabilidad en sus espaldas.
Lo que estaba en juego era la lucha por quién controla la sociedad, los capitalistas o los trabajadores, y por eso era necesario un plan de acción que combinara la más amplia movilización con una alternativa al capitalismo, basada en la explicación y popularización de un programa que ligara las reivindicativas más inmediatas (defensa de los salarios, educación, sanidad, pensiones públicas y dignas, etc.) con la expropiación y nacionalización de las palancas fundamentales de la economía y el control democrático de los trabajadores sobre las mismas. Para que la riqueza esté al servicio de la mayoría y no de una minoría de parásitos y usureros es fundamental rechazar el pago de la deuda externa, confiscar las grandes fortunas y nacionalizar todo el sector financiero y los sectores estratégicos de la economía.
Frente a la represión del aparato estatal y contra la infiltración policial y las provocaciones era necesario organizar comités de autodefensa y garantizar los derechos democráticos dentro del ejército y la policía y la depuración de los elementos fascistas del aparato estatal. Para dar fuerza, extensión, unidad y continuidad era necesario realizar asambleas participativas, democráticas y decisorias en todas las fábricas, barrios, escuelas y universidades, que eligieran representantes (revocables en cualquier momento por la asamblea) para coordinarse a nivel local y nacional, y que culminara en la formación de un parlamento obrero, genuinamente democrático y representativo de las capas más oprimidas de la sociedad, es decir, la gran mayoría de la misma.


La necesidad de una huelga general europea

 

En el terreno de la táctica inmediata, frente a las maniobras divisionistas de la burguesía, empeñada en criminalizar a la clase obrera griega y en silenciar o tergiversar las luchas que se estaban dando para evitar que la rebelión social se extendiese a más países, había que oponer un plan de extensión de la solidaridad y la lucha a toda Europa, haciendo un llamamiento concreto a la solidaridad de clase al conjunto de la izquierda europea, empezando por las organizaciones sindicales. En aquel momento hubiera significado una bocanada de apoyo para la clase obrera griega, además de una palanca para fortalecer al movimiento obrero europeo en su conjunto, justo cuando era perceptible para las masas que los planes de ajuste se iban a aplicar de forma inmediata y prácticamente simultánea en todos los países. La base de partida era muy favorable para tomar esta determinación ya que se venía de una situación, en los últimos meses, en la que los trabajadores europeos estaban movilizándose.
En Italia se estaban produciendo luchas sectoriales, destacando la huelga de FIAT. El 12 de marzo la CGIL convocó una huelga en el sector público, al día siguiente hubo una manifestación masiva de protesta contra la corrupción del gobierno de Berlusconi que reunió a 200.000 italianos. En Gran Bretaña, el 8 de marzo, el sindicato del sector público convocaba una huelga de 48 horas. En Irlanda, ya en diciembre de 2009 se convocaron dos huelgas en el sector público contra los primeros planes de ajuste del gobierno. En Portugal hubo huelga en el sector público el 4 de marzo, contra la congelación salarial, y el 29 de mayo 300.000 trabajadores protagonizaban una marcha a Lisboa convocados por la CGTP. El 22 de enero y el 23 de marzo el sector público en Francia salió a la huelga; el 12 de marzo se movilizaron los profesores de primaria y secundaria; ya con la amenaza de la reforma de las pensiones sobre la mesa los sindicatos convocaron también al sector privado a una jornada de lucha, con grandes manifestaciones, el 27 de mayo. En Rumanía, el 19 de mayo, se produjo la manifestación de protesta más grandes de las últimas dos décadas, contra los recortes emprendidos por el gobierno y el 31 del mismo mes se iniciaba una huelga indefinida en el sector público.
En junio, el anuncio de un salvaje plan de recortes en Alemania causó un fuerte impacto en toda Europa, al reforzar la idea de que nadie se iba a librar de profundos ataques. El 9 de junio, miles de estudiantes de universidad y de bachillerato protestaban contra estas medidas y el 12, decenas de miles se manifiestan en ciudades como Berlín y Stuttgart. El 8 de junio, 80.000 personas se manifestaban en Dinamarca. El mismo día se convocaba huelga del sector público en el Estado español, el 25 de junio los sindicatos mayoritarios de Euskal Herria convocaban huelga general, con un amplio seguimiento. El 24 de junio, en Francia se volvía a la carga: jornada de lucha general contra el plan de ajuste y la reforma de las pensiones, con 2 millones de manifestantes, superando la participación de la jornada del 27 de mayo y causando la percepción general de que ambiente iba en ascenso, como efectivamente quedó patente después del verano. En Italia se manifestaban más de un millón de trabajadores el 25 de junio en la huelga general convocada por la CGIL. La clase obrera griega volvió a protagonizar dos huelgas generales, el 29 de junio y el 8 de julio contra la aprobación de la reforma de las pensiones y el mercado laboral.
Todas estas numerosas luchas revelaban que, en la práctica, en toda Europa los trabajadores ya estaban protagonizando un movimiento continental y que la huelga general europea era posible si había voluntad política por parte de los dirigentes sindicales de llevarla a cabo y enfrentarse consecuentemente con los planes centralizados de la burguesía europea. En todo caso, la oportunidad para esa convocatoria se prolongó ya que todas las condiciones para un otoño caliente estaban dadas.


El caso italiano

 

En Italia se está gestando un ambiente de contestación social muy profundo, alimentado no sólo por los efectos generales de la crisis sino por el carácter particularmente reaccionario y corrupto del gobierno Berlusconi y la dura ofensiva de la patronal, que ha llegado al extremo de romper unilateralmente, en septiembre de 2010, el convenio colectivo del sector del Metal. El 16 de octubre, 500.000 trabajadores italianos inundaron las calles de Roma convocados por la Federación del Metal (FIOM) del principal sindical del país (CGIL) contra este atropello y los planes de ajuste aprobados en mayo. En esta manifestación, el secretario general de la FIOM planteó la necesidad de continuar la lucha y convocar una huelga general, lo que fue respaldado por los asistentes con el grito unánime de “huelga, huelga, huelga”.
Uno de los rasgos más interesantes de la situación sindical en Italia es la rapidez y claridad con la que se está desarrollando el enfrentamiento interno en la CGIL entre un sector que se aferra al sindicalismo de pactos y consensos con la burguesía (la nueva secretaria general de la CGIL, Susana Camuso ya ha señalado que “una CGIL de oposición no es útil” y ante la petición de los estudiantes de la convocatoria de una huelga general, ésta ha vuelto a contestar, a finales de diciembre, que no se convocará “porque no existen las condiciones”) y otro sector, aglutinado en torno a la FIOM, que se da cuenta de la necesidad de un giro a la izquierda. El 8 de noviembre su comité central aprobaba un documento en el que exigía a la CGIL salirse de la negociación con el gobierno y la patronal (está encima de la mesa un acuerdo sobre productividad en el que se contempla la existencia de contratos con periodos de prueba de un año y la posibilidad de eliminar los límites al encadenamiento de contratos temporales, así como el aumento del 50% de lo que pagan los trabajadores a la seguridad social) y proponiendo la convocatoria de una huelga general. La dirección de la CGIL quiere evitar a toda costa que se abra un escenario de enfrentamiento masivo y radicalizado, como ha ocurrido en Francia. En ese sentido están conteniendo, de momento, la convocatoria de una huelga general, que podría desembocar en un movimiento que llevara a la caída del gobierno. Para dar cauce de forma controlada a la presión que existe en sus bases, la CGIL convocó una nueva marcha a Roma el 27 de noviembre, que fue masiva. Esta convocatoria coincidía con la entrada en escena de los estudiantes (contra los recortes en la educación pública y la conocida como “reforma Gelmini”, que acelera la privatización de universidad), con un movimiento muy participativo, masivo y con una clara orientación hacia el movimiento obrero, que se inició el 8 de octubre con una huelga conjunta con el profesorado; el 17 de noviembre 200.000 profesores y estudiantes de secundaria salieron a la calle y el punto álgido se produjo en las manifestaciones del 30 de noviembre con más de 400.000 estudiantes, el día que se aprobaba la reforma en el parlamento.
La situación en Italia es extremadamente volátil. La burguesía italiana se ha lanzado a un ataque frontal contra el movimiento obrero pero con una maquinaria desgastada y dividida. La extrema arrogancia de Berlusconi, los incontables e ininterrumpidos escándalos de corrupción, de abuso de poder, su ostensible menosprecio hacia las más elementales formas de la propia democracia burguesa (el último ejemplo ha sido la compra descarada de votos a parlamentarios en la última moción de censura a la que fue sometido el 14 diciembre), se han convertido en un problema de primer orden para la propia estabilidad del país. Sin embargo, para la burguesía es complicado cambiar de caballo en mitad de la carrera. La posibilidad de elecciones anticipadas es más que real, aunque la clase dominante preferiría que este escenario no se diera. Ni la continuidad de Berlusconi ni una salida electoral —que equivaldría a introducir un grado mayor de incertidumbre, un paréntesis en la toma de decisiones hasta la formación de un nuevo gobierno, cuya estabilidad tampoco estaría garantizada— son satisfactorias para la burguesía, ni podrán evitar expresiones cada vez más claras de descontento social. Por eso, incluso, sectores importantes de la burguesía están barajando muy seriamente la articulación de una alternativa posberlusconi, sin pasar por el riesgo de las urnas. Llegar a una gran coalición de gobierno, el llamado “tercer polo”, en la que se incluiría a Fini escindido del PdL de Berlusconi y a otros disidentes de dicho partido, a la democracia cristiana (UDC) e incorporar al Partido Democrático, punto central para tratar de dar mayor estabilidad a la burguesía y poder llevar adelante los planes contra la clase obrera italiana. En todo caso tampoco resolvería el problema de fondo: que la crisis brutal del capitalismo italiano y de su clase dominante se agudizará, abriéndose la puerta a un periodo de mayor enfrentamiento entre las clases y de búsqueda de una alternativa revolucionaria por parte del movimiento obrero.


El despertar de la lucha en Gran Bretaña

 

Gran Bretaña también es un ejemplo de la rapidez de los cambios que se están produciendo. En mayo de 2010 la derecha ganaba las elecciones, gracias al desprestigio ganado a pulso por el “nuevo laborismo”, formándose un gobierno de coalición entre tories y liberales que lanzó el plan de recorte más duro desde la Segunda Guerra Mundial. El 10 y 24 de noviembre los estudiantes salían a la calle en contestación a la subida salvaje de las tasas universitarias y contra los recortes educativos, protagonizando la mayor movilización de la juventud en 25 años. Muchos estudiantes expresaron su rabia ante el engaño descarado del que habían sido objeto por parte de los liberales, quienes en su campaña electoral se habían comprometido a congelar las tasas. Es un indicativo de la volatilidad política de las capas medias, una parte de ellas puede girar a la izquierda de forma muy rápida en un contexto en el que la crisis capitalista necesariamente golpeará también a sectores que hasta ahora pensaban que nada incomodaría su estabilidad económica y social. Esta movilización es un síntoma muy importante de los cambios que se están produciendo en Gran Bretaña. Es significativo que el TUC apoyara públicamente las movilizaciones estudiantiles.
Después de casi 30 años de relativa calma, el movimiento obrero británico está dando signos de despertar. A lo largo de 2010 hemos asistido a distintas huelgas parciales (Metro de Londres, bomberos, personal de aeropuerto, etc…) y, en primavera, a una importante huelga de 48 horas en el sector público, la mayor desde 1987. Ahora, el anuncio del brutal plan de despido de más de medio millón de funcionarios sumado al resto de recortes y ataques impondrá una enorme presión a la dirección del TUC en el sentido de impulsar una contestación más general del movimiento obrero a estos planes.


El Estado español, los dirigentes sindicales en el filo de la navaja

 

El cambio de ciclo económico en el Estado español fue particularmente brusco, debido al boom inmobiliario y su posterior estallido. La gravedad de la crisis y el látigo de los mercados han empujado al gobierno a adoptar una línea de enfrentamiento directo con los trabajadores, poniendo en marcha planes de ajuste salvajes y varias “reformas estructurales”. Este giro a la derecha del gobierno ha situado a las direcciones sindicales en una posición extremadamente incómoda. La clase dominante y el gobierno sacaron la conclusión de que, entre preservar una precaria paz social a cambio de retrasar más las llamadas “medidas estructurales” o ponerlas ya en marcha, aún a costa de enfrentarse a un escenario de mayor conflictividad social y a una mayor inestabilidad política, era preferible lo segundo, y efectivamente, pasaron a la ofensiva. Ese giro implicó un cambio político fundamental en la situación. Los dirigentes sindicales se quedaron totalmente descolocados, atrapados entre la necesidad de tener que dar una respuesta y el pánico a que sus acciones les llevaran a enterrar definitivamente el “diálogo social”, abriéndose un escenario lleno de incertidumbres y peligros para su tranquilidad burocrática.
El 8 de junio, tras haberse aprobado ya un recorte salarial a los funcionarios, CCOO y UGT convocaron huelga en el sector público que tuvo un seguimiento desigual, por ser tardía, artificiosamente parcial —el carácter general de los ataques era evidente— y sin perspectiva clara de continuidad,. Finalmente, aunque totalmente a disgusto, sin convencimiento, sin alternativa, imbuidos de una tremenda rutina burocrática y sin una táctica clara salvo la determinada por el empeño de retomar una y otra vez el camino del diálogo social, los sindicatos convocaron la huelga general del 29 de septiembre, semanas después de que el parlamento hubiese ratificado el decretazo de reforma laboral. El éxito del 29-S, tanto por el seguimiento como por el carácter multitudinario de las manifestaciones, con un millón y medio de personas en las calles, se produjo en un contexto de intenso chantaje patronal y a pesar de la desastrosa actuación sindical.
Después del 29-S, muchos dirigentes sindicales habían expresado expectativas de que el gobierno “aparcaría” la reforma de las pensiones, y se justificaron en ello para no dar continuidad inmediata a la huelga general. Así, a pesar de que la percepción generalizada para el conjunto de la clase obrera era que se estaban fraguando ataques que significarán un cambio profundo, a peor, en las condiciones de vida de las actuales y futuras generaciones, y del gran impacto que estaba teniendo la lucha de Francia, los dirigentes sindicales desaparecieron del escenario político durante varias semanas para volver con una esperpéntica propuesta consistente en una Iniciativa Legislativa Popular y manifestaciones provinciales para el 18 de diciembre, que tuvieron un seguimiento muy limitado. Era evidente que esa táctica no se ajustaba a la gravedad de los ataques. Como hemos venido apuntando, la existencia de una ambiente de lucha y un malestar social muy fuerte se combina con una profunda crítica a las direcciones sindicales, producto de su política desmovilizadora de pactos y consensos durante décadas. Las masas responden, pese a eso, cuando perciben una oportunidad seria de expresar su descontento; pero no es así ante todas las convocatorias de los dirigentes sindicales.
Después del 29-S el gobierno se reafirmó en los ataques: reforma de las pensiones (enero de 2011), la reforma de los convenios colectivos (marzo de 2011), y recortes del gasto social en el presupuesto de 2011. El cambio de gobierno tras la huelga y la asunción del mando por parte del ministro del Interior, Rubalcaba, fue una puesta a punto para retomar el ataque. Después de la reunión de los grandes oligarcas de la economía española con el rey y la nueva reunión de los 37 capitalistas más importantes del país con Zapatero en la segunda quincena de noviembre, en la que se le exigió que actuase sin vacilar, la cosa estaba más clara todavía. Dichos cónclaves han sido tremendamente ilustrativos de la farsa de la democracia burguesa ya que ni siquiera se tomaron la molestia de disimular su carácter ejecutivo y de que la vida de la inmensa mayoría de las personas está gobernada por una ínfima minoría de privilegiados. El consejo de ministros del 3 de diciembre, con la retirada de la ayuda de 426 euros a los parados, la privatización de AENA y lotería del estado, la gestión de los aeropuertos, la introducción de agencias privadas de empleo, las nuevas reducciones de impuestos a las empresas, etc. el reinicio de los ataques se hacía explícito, complicando aún más la situación de los dirigentes de CCOO y UGT.
La presión para que convoquen otra huelga general es muy fuerte. En Euskadi, ELA y LAB, que son mayoría sindical, han convocado huelga para el 27 de enero. El mismo día, la CIG convoca huelga en Galicia. Durante las navidades los dirigentes de CCOO y UGT han tenido reuniones “discretas” e intensas con el gobierno con el fin de obtener alguna concesión respecto a la reforma de las pensiones, que les sirva para justificar la no convocatoria de una huelga general.  Los equilibrios de la burocracia sindical no tienen ninguna base sólida de sustentación, la no convocatoria de una huelga o su retraso, ahondará todavía más en el ambiente crítico hacia los dirigentes sindicales e incluso en las fisuras, latentes, dentro del mismo aparato sindical.
El gobierno, aunque le gustaría tener el apoyo directo de los dirigentes sindicales a las “reformas estructurales”,  nunca ha condicionado la puesta en marcha de los ataques a un acuerdo con ellos. A la vez, el gobierno, de forma muy consciente, ha explotado al máximo todas las vacilaciones de los sindicatos con el fin de confundir, desarmar ideológicamente y desmovilizar a los trabajadores. Esta situación, tarde o temprano, no evitará que la clase obrera, pese a todas las dificultades, encuentre el camino de la lucha.
En los próximos meses asistiremos a un escenario lleno de acontecimientos no sólo en el terreno de la lucha de clases sino también en el escenario político electoral, ya que la política derechista del gobierno está propiciando la vuelta del PP al gobierno  en el 2012 (a pesar de que la derecha sufre sus propias tensiones internas). Un síntoma claro de que esto puede suceder han sido las elecciones catalanas, en las que el PSC ha obtenido los peores resultados de su historia, con un 22% del voto, que anticipan un retroceso muy serio del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011. La vuelta al gobierno de la derecha echará más leña al fuego de la lucha de clases, además de abrir una situación de crisis en el seno de la socialdemocracia (en la línea de lo que está ocurriendo en toda Europa) que coincidirá con un incremento del proceso de diferenciación interna de los sindicatos.

 

La rebelión social en Francia

 

La lucha de la clase obrera y de la juventud francesa en otoño de 2010 es un exponente claro de que la revolución social en Europa es una perspectiva cierta y no sólo un recuerdo del pasado. La continuidad que ha tenido el movimiento, la fusión con la juventud estudiantil, la contundencia de las huelgas indefinidas en sectores estratégicos como las refinerías, la parálisis de más de un mes del puerto de Marsella, el amplísimo respaldo social de las huelgas y las manifestaciones, el aislamiento político y social del gobierno de Sarkozy..., todo ello ha constituido una fuente de inspiración tremenda para la clase obrera y desde luego también para los marxistas, al reafirmarse, en la práctica, nuestras perspectivas para la lucha de clases.
Después de Grecia, el movimiento en Francia es el mayor desafío que la burguesía europea ha enfrentado para la aplicación de sus salvajes planes de ajuste, pero sin duda no será el último. ¿Cómo caracterizar lo sucedido? El movimiento ha tenido como aglutinante central la lucha contra la reforma de pensiones, pero ha ido mucho más allá, alcanzando el grado de rebelión social.
Efectivamente, uno de los rasgos más llamativos y significativos del estallido social en Francia ha sido, precisamente, la debilidad política de la derecha cuando se tiene que enfrentar a un movimiento de masas. Las encuestas del apoyo social a las huelgas han sido claras y rotundas y revelan un hecho que tiene una importancia política tremenda: la capacidad de la clase obrera, cuando entra en acción, de atraerse a la inmensa mayoría de la sociedad, incluso a sectores sociales que en tiempos de “normalidad” se muestran pasivos políticamente.
Es muy sintomático de la debilidad de la derecha que ésta no haya podido articular, en todo este periodo de movilizaciones, ningún movimiento social afín a su política, ni siquiera simbólico o minoritario. A pesar de la excepcionalidad de la situación económica, a pesar de la intensa campaña ideológica de la burguesía que trata de demostrar que “no hay otra salida” que los ajustes para hacer frente a la crisis, la burguesía francesa no ha podido crear un clima de unidad nacional para salir “juntos” de la crisis. Ni la apelación al nacionalismo francés, ni las maniobras políticas de carácter racista para minar la unidad de la clase obrera, como fue la intensa y sistemática campaña de criminalización contra los gitanos, sirvieron para restar fuerza a la contestación social.
Como apuntábamos más arriba, en los días que siguieron a la jornada del 12 de octubre el movimiento alcanzó su punto más álgido, con la incorporación de todas las ramas productivas, de los estudiantes y el estallido de huelgas indefinidas en las refinerías y otros sectores estratégicos. Presionados por un ambiente que estaba en su clímax, los sindicatos plantearon que se votara diariamente, en distintos sectores e industrias, la continuación de la huelga, lo que se conoció como “huelgas renovables”. Uno de dichos sectores fue el de las refinerías. Las doce que existen en el país quedaron completamente paralizadas durante casi dos semanas, algo que sólo había ocurrido durante Mayo de 1968. Los camioneros anunciaron su incorporación a las movilizaciones, realizando diversas acciones de bloqueos en las carreteras. Los ferrocarriles nacionales también se sumaron a la huelga, también el transporte urbano y el servicio de recogida de basuras. Todo eso confluía con la huelga de Marsella, que tenía paralizada la ciudad y su puerto, el más importante del país, durante más de un mes. Así las cosas, el sábado 16 confluyen 3,5 millones de personas en la calle, el movimiento seguía muy firme. La huelga general del 19 de octubre, día en el que inicialmente estaba prevista la aprobación de la reforma en el senado, volvió a ser un éxito rotundo.


¿Qué hacer?

 

En la declaración publicada por la Corriente Marxista Revolucionaria  sobre Francia, del 16 de octubre, decíamos: “Por un lado, el respaldo al gobierno de Sarkozy está en el nivel más bajo desde su llegada al poder, no supera el 32%. Por otro lado, y ese es el aspecto más importante, el apoyo entre la población a las movilizaciones ronda el 70% y más significativo aún es que un 61% de los encuestados se declaran a favor de una huelga general indefinida. Esto tiene una tremenda importancia pues revela un avance cualitativo en la conciencia de las masas. La mayoría de la población de Francia está dispuesta a paralizar completamente el país, dejando claro que quiere ir hasta el final para echar atrás las medidas de los capitalistas, y derribar al gobierno Sarkozy. La generalización del movimiento huelguístico sobre la base de la consigna de la huelga indefinida podría conducir a una crisis prerrevolucionaria en Francia, abriendo la posibilidad de un gobierno de la izquierda que pudiera cambiar por completo las pretensiones de los capitalistas franceses de volcar el peso de la crisis sobre los trabajadores y la juventud”.
En toda lucha, sea en una fábrica o un movimiento más general, hay momentos clave en los que la orientación y la táctica de la dirección del movimiento son determinantes para su desarrollo y para conseguir una victoria o una derrota. Decíamos al respecto en la citada declaración: “El papel de las direcciones sindicales es fundamental de cara a que este movimiento triunfe. Los dirigentes de la CGT, CFDT y el resto de centrales sindicales, así como las direcciones del PS y el PCF deben extender la huelga general hasta convertirla en indefinida. Vinculado a ello es necesario dotarse de un programa auténticamente socialista que saque a Francia y al conjunto de Europa de la crisis capitalista. Un programa que plantee, entre sus demandas irrenunciables, la retirada de la reforma de las pensiones y de los planes de ajuste, el subsidio indefinido para todos los parados, la nacionalización de todas las empresas en crisis bajo control obrero, y la nacionalización de la banca y el sector financiero. Las condiciones para defender este programa están completamente maduras: la conciencia de los trabajadores, que refleja en la acción el grado de radicalización que ha experimentado el movimiento, conectará con estas reivindicaciones si se plantean de una manera seria por las organizaciones de la izquierda, y se debaten en las asambleas generales de trabajadores y estudiantes”.
Probablemente, en otro contexto, antes de llegar a una situación tan extrema en la que se hiciera tan visible y patente su aislamiento social, el gobierno hubiera hecho alguna concesión. Sin embargo, lo que estaba en juego, tanto para el movimiento como para la burguesía francesa, era mucho más que la aplicación de una reforma. Retirar el plan o suspender temporalmente su aprobación sería una victoria clara y contundente de los trabajadores, con profundas implicaciones en toda Europa. Toda la clase obrera, pero también toda la burguesía europea, miraba a Francia. Al gobierno, aunque en una situación de extrema debilidad, no le quedaba más que resistir y esperar a ver qué paso daba la dirección del movimiento. Hubiera sido perfectamente posible derrotar al gobierno, pero para ello era necesario darle un empujón suplementario. Llegados a este nivel de enfrentamiento, las huelgas renovables por sectores ya era completamente insuficiente. Era necesaria la consigna de la huelga general indefinida de todos los sectores para alcanzar la paralización completa del país. Indudablemente esa medida situaba la lucha en un terreno abiertamente político, en el que la necesidad de defender una alternativa al capitalismo era fundamental para dar una perspectiva al movimiento.
Para aunar la fuerza de millones de trabajadores y jóvenes en el momento más crítico, en el que estaba en juego quién tiene el poder realmente en la sociedad, era necesaria la máxima cohesión política y táctica, la máxima firmeza, que sólo puede venir de la defensa de un programa consecuentemente revolucionario y socialista por parte de las organizaciones de la clase obrera que estaban a la cabeza del movimiento. En la medida en que esto no fue así, que no hubo una señal desde la dirección de estar dispuestos afrontar una situación de cuestionamiento total de la autoridad del gobierno, el movimiento interpretó que ya se había hecho todo lo que se podía hacer y fue perdiendo fuerza. A pesar de todo, en la huelga general del 28 de octubre, después de haberse aprobado la reforma en el senado y en el parlamento, las manifestaciones agruparon a 2 millones de personas y se mantuvieron varias convocatorias de manifestaciones en noviembre.
Aunque la clase obrera francesa, debido a las vacilaciones e insuficiencias de su dirección, no ha conseguido paralizar la reforma de las pensiones, esta lucha no ha sido en vano. La burguesía es plenamente consciente de la fractura existente en la sociedad. Un analista de la empresa encuestadora francesa IFOP señalaba: “Algunos dirán que Sarkozy ha ganado al aprobar la reforma, pero la reforma ha causado mucho daño, creando resentimiento, y con cualquier nueva reforma en el futuro el malestar social puede estallar de nuevo”. Es normal y necesario que se abra un periodo de reflexión y de asimilación de las lecciones.
La burguesía europea, a pesar de contar con la tremenda ventaja del nefasto papel de los dirigentes reformistas en el movimiento obrero, no va a conseguir doblegar fácilmente la voluntad de lucha de la clase obrera. No estamos asistiendo a un enfrentamiento en un solo acto sino a un largo proceso. A pesar de los éxitos de la burguesía en conseguir imponer, hasta el momento, los planes de ajuste, éstos se producen a costa de un desgaste todavía más profundo de los partidos reformistas, y también burgueses, hundiendo todavía más el descrédito de las instituciones de la democracia burguesa. Lo vimos en las elecciones regionales griegas en noviembre de 2010, en las que hubo una abstención histórica, cercana al 60% en la segunda vuelta y llegando al 75% en zonas tan importantes como la región Ática, donde se encuentra Atenas. Es muy significativo que el voto nulo y en blanco alcanzara el 10%, frente al 2% que tenía en las anteriores. El PASOK perdió más de 1.100.000, Nueva Democracia más de medio millón y el KKE, con el 11% de los votos, fue el único partido que aumentó su apoyo respecto a las generales de 2009, tanto en términos absolutos como en porcentaje. Estas elecciones se dieron en un contexto, nuevamente, de efervescencia social creciente, ante el anuncio de nuevas medidas de ataque introducidas en los presupuestos generales de 2011, con manifestaciones y huelgas sectoriales (enseñanza, transporte, puertos, bancos, sanidad, especialmente), que culminaron en la huelga general del 15 de diciembre, la más importante de todas las habidas desde el mes de mayo. Todo esto es un indicativo de que, más de un año después del inicio de las primeras movilizaciones contra los planes de ajuste salvajes, la clase obrera y la juventud griega dista mucho de haber dicho su última palabra y también de que la fractura social y política griega es irreversible.


La clase dominante se prepara

 

La burguesía y los distintos gobiernos se están preparando para un escenario de ascenso, no de descenso, de la lucha de clases. Están echando mano, de forma cada vez intensiva de la demagogia racista, que ya se ha elevado a la categoría de “racismo de Estado” y de los numerosos mecanismos represivos “democráticos” de los que dispone.
Lo vimos con la expulsión de los gitanos impulsada por Sarkozy en septiembre u otras iniciativas introducidas en la ley de inmigración, como la que establece una división completamente racista entre franceses de origen extranjero y el resto de franceses. Hoy estas medidas se aplican contra los inmigranes o los sectores más pobres de la sociedad, pero mañana serán utilizadas contra el conjunto de la clase obrera. En diciembre de 2010, ante la huelga de controladores aéreos en el Estado español se  decretó el “estado de alarma” y la militarización del control aéreo. Así, el gobierno, además de intentar desviar la atención de la gravedad de los ataques sociales que acababa de aprobar, sentaba un precedente que puede ser utilizado a discreción contra futuros conflictos laborales que pueden ser muy duros y radicalizados en los próximos meses y años.
En Alemania entre 2005 y 2009 al menos 53 diputados del partido alemán Die Linke (La Izquierda) fueron espiados por el servicio secreto. El 26 de abril el Consejo Europeo de Asuntos Generales aprobó el documento 8570/10, por el cual la UE podrá observar “procesos de radicalización” a través de la vigilancia de aquellas personas que mantengan “actitudes radicales”, como posiciones de “extrema izquierda o derecha, nacionalistas, religiosas o de antiglobalización”. En marzo de 2010, se aprobó el documento 7984/10 (documento clasificado y que fue sacado a la luz por la ONG Statewatch) en el que se plantea “almacenar datos sobre la radicalización violenta” en realidad se podrá fichar cualquier tipo de organización “radical”, sea “violenta” o no. El Estado griego amenazó con ilegalizar al KKE antes las elecciones regionales y municipales de noviembre. El motivo es la negativa del KKE a abandonar el sistema de financiación a través de bonos de ayuda organizado en las fábricas y manifestaciones y a facilitar al Estado un listado de todos aquellos que contribuyan económicamente a financiar al partido. Finalmente la amenaza de ilegalización no se llevó a la práctica, pero es un síntoma claro de por donde va a actuar la burguesía en el próximo periodo, en la medida que la contestación al capitalismo se cristalice en más organización política y sindical y la burguesía sienta más amenazada su estabilidad y su control sobre la sociedad.


La izquierda a la izquierda de la socialdemocracia

 

Precisamente, otro elemento vinculado a la creciente polarización política en Europa es el surgimiento y consolidación en los últimos años de una izquierda a la izquierda de la socialdemocracia. La implicación directa del SPD alemán en los ataques sociales, primero con el gobierno de Schröder (Agenda 2000) y posteriormente entrando en un gobierno de coalición con la derecha encabezado por Merkel, ha llevado a la socialdemocracia alemana a un desgaste brutal (obteniendo el peor resultado en las elecciones generales de 2009, con el 23% del voto, pasando de más de 20.000 a menos de 10 en una década) y al surgimiento  de una opción a la izquierda, Die Linke. Esta formación  se compone, en parte, de una escisión del SPD vinculada a los sindicatos (1999), que fue encabezada por Oskar Lafontaine, quien formó el WASG (2005) unificándose  en 2007 con los ex estalinistas del PDS. Die Linke es un fenómeno político nuevo, que se ha consolidado claramente en los últimos años (obteniendo el 12% del voto en las últimas elecciones generales) y se ha extendido también a la zona occidental del país.,
 En Portugal, en las últimas elecciones generales de 2009, el PS perdió la mayoría absoluta y el PCP y el Bloco de Esquerdas, llegaron al 18% de los votos, recogiendo más de un millón. El BE ha pasado de tener un 2,7% de los votos en 2002 al 9,9.  La utilización de un lenguaje combativo, unido al vínculo que PCP mantiene con el movimiento sindical, a través de la CGTP, en un contexto de auge de la lucha obrera le permite tener una autoridad y una proyección política importante. El potencial de desarrollo de una izquierda más combativa se acentuará teniendo en cuenta que, como hemos explicado, el rescate de Portugal, y con ello más planes de ajuste, es inminente. Ya el 24 de noviembre se produjo la primera huelga general conjunta de los dos sindicatos (CGTP y UGT) en 20 años.

Respecto a Grecia, cuya situación ya hemos abordado, hay que señalar que el KKE y Syriza alcanzaron el 12% de los votos en las elecciones generales del 2009. Si en el Estado español no se ha producido el mismo fenómeno no es por diferencias sustanciales en la situación social o política, sino por el hecho de que IU ha estado durante mucho tiempo a rebufo de la política del PSOE, sin diferenciarse sustancialmente. Otro factor es que IU, y el PCE, han debilitado mucho su vínculo con el movimiento sindical, hecho que no ha ocurrido ni con el PCP ni con el KKE. En todo caso, los guiños a la izquierda por parte de Cayo Lara y su clara oposición a las medidas del gobierno apuntan a un aumento electoral en las próximas elecciones generales.
Es significativo de la preocupación por parte de la burguesía de que este fenómeno se extienda el editorial del diario El País, titulado ‘Izquierda en crisis’, del 5 de octubre de 2009. En él se hacía referencia a los resultados de las elecciones alemanas, insistiendo en la creciente hegemonía de los gobiernos conservadores en Europa, pero a la vez terminaba con una advertencia: “esta pérdida de peso [de la izquierda] no es buena noticia para nadie, ni siquiera para los partidos conservadores. Entre otras razones porque el vacío que la izquierda deja está siendo ocupado en muchos casos por discursos y fuerzas populistas (...)”.
Aunque todavía es difícil prever qué progresión tienen estos agrupamientos en el futuro, que también dependerá de la actitud de su dirección ante acontecimientos clave, lo que es evidente es que reflejan una situación de polarización política cada vez mayor y que las perspectivas apuntan a una situación más favorable para la cristalización de agrupamientos a la izquierda del reformismo. Muy probablemente sea en los sindicatos donde ese proceso se dé de forma más extensa y con un impacto más profundo en la situación política. En los próximos años veremos cambios importantes en las organizaciones políticas, tanto en la izquierda como en la derecha, que reflejarán a su vez el clima de mayor inestabilidad política. Veremos acontecimientos de masas no sólo espoleados por factores sociales o sindicales, sino directamente políticos y en los que la juventud tendrá un papel muy protagonista; los hemos visto ya en el pasado reciente y se van a reproducir en una escala superior en el futuro.
Financial Times, en un artículo de marzo de 2010, expresaba claramente los temores de la clase dominante sobre el futuro: “Lo que será crucial en los próximos años, no es la simple amplitud de la deuda, sino saber si los gobiernos están en posición de encontrar un medio eficaz de reducirla (…) sin provocar (en el mejor de los casos) una inestabilidad política o (en el peor) una verdadera revolución”. En último término, el futuro dependerá del éxito de la construcción de una alternativa marxista revolucionaria que tenga la suficiente autoridad e implantación en el movimiento para que todo el potencial de la clase obrera, que ya se han evidenciando en las recientes rebeliones sociales en Grecia y Francia, se corone con el fin del capitalismo y el inicio de la construcción de una sociedad socialista en Europa y en todo el mundo.

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